"El Gobierno va a seguir haciendo los ajustes que sean necesarios", señaló ayer la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuando fue interrogada en Telecinco sobre por dónde recortará el gasto el Gobierno tras conocerse que el desvío del déficit es superior al esperado. No especificó más, pero Vozpópuli ha podido saber que una de las opciones que está manejando su departamento es adecuar el pago de las recetas de la Seguridad Social a la renta de los ciudadanos.
Ello exigiría establecer una serie de tablas, de tramos, al estilo del IRPF, por la cual el porcentaje del precio del medicamento que corre a cuenta de la Seguridad Social se adecuaría a los ingresos de cada uno de los ciudadanos, de modo que un pensionista, por el mero hecho de serlo, no adquiriría los fármacos gratis frente a una familia, quizá con menos ingresos y varios hijos a cargo. Esta paradoja ya fue denunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, primera abanderada de eliminar la gratuidad de las medicinas a los pensionistas con recursos. Ahora parece que el Gobierno le toma la palabra, al menos para estudiarla, puesto que la cuestión no está ni mucho menos cerrada.
De hecho, esta fue una opción que ya puso sobre la mesa la segunda ministra de Sanidad de José María Aznar, Celia Villalobos, y que llegó a trasladar al vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato. Apenas dos años antes, el Ejecutivo popular había abordado un "medicamentazo", que fue como se llamó popularmente a la decisión de sacar 864 medicamentos de la lista de fármacos subvencionados por la Seguridad Social. También el PSOE utilizó la vía del "medicamentazo" en 1993, pero el gasto farmacéutico no hizo más que subir. Luego vinieron medidas sobre la receta de genéricos o por principio activo y también se metió mano a las patentes, al objeto de acortar éstas y abaratar costes.
Pero todo ello no ha impedido que la deuda de las administraciones autonómicas con las farmacias se haya disparado. Y no es descartable que esta cuesión se ponga hoy sobre la mesa en la primera reunión del Consejo Interterritorial de Salud que presidirá la ministra Mato y a la que acuden los consejeros autonómicos de Sanidad. Además, se acordará la creación de distintos grupos de trabajo para desarrollar una cartera básica de servicios, para crear una plataforma de compras centralizadas así como para abordar el sistema de actualización permanente del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, entre otros.
La cita abordará también el protocolo de extracción de las prótesis mamarias PIP y el calendario de vacunaciones, de modo que las Comunidades abaraten costes al ir a la compra centralizada de las vacunas, lo que puede culminar, en 2013, con una unificación del completa del calendario.
Coste del sistema
Sanidad parecer haber descartado por el momento el modelo catalán del "ticket moderador" --esto es, pagar una cantidad fija extra por receta-- o sacar nuevos fármacos de la lista de la Seguridad Social, opción que también fue estudiada. Ahora mismo analiza el coste que requeriría poner en marcha el pago en función de la renta, una adaptación del sistema que obligaría a "personalizar" la tarjeta sanitaria o cambiar el modelo informático, de forma que si requiere una gran inversión podría ser también deshechada, según explican a Vozpópuli fuentes del Ministerio.
Actualmente, la Seguridad Social corre con el 100 por cien del coste de los medicamentos para los pensionistas --que son los grandes consumidores del sistema-- y con el 60 por ciento para el resto de los ciudadanos, de modo que éstos pagan en farmacia el 40 por ciento del valor del fármaco. Hay, no obstante, una relación de medicamentos que tienen una aportación reducida, puesto que el usuario sólo paga un 10 por ciento del mismo siempre y cuando éste no supere los 2,64 euros. Normalmente es para tratar enfermedades crónicas que obligan al efermo a medicarse toda la vida.
