El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha sido durante toda la legislatura esclavo de los intereses de Artur Mas. Sus decisiones han estado orientadas a beneficiar a los medios de comunicación afines a la Generalidad y a castigar a quienes no comulgaban con sus políticas. Esto se ha plasmado en resoluciones en defensa de las más febriles posturas independentistas, en la concesión de jugosas licencias de emisión a empresas catalanistas y en sorprendentes condenas públicas a televisiones que se encuentran fuera de su ámbito de actuación por oponerse a la secesión de España de esta Comunidad. Basta con consultar el historial de decisiones del CAC para cerciorarse de que, desde mediados de 2012, se ha pronunciado más de 20 veces a favor de Mas y los medios que orbitan alrededor del Gobierno autonómico, frente a tan sólo una en contra.
Lo del CAC no es un hecho aislado, pues también ocurre, por ejemplo, con el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), manejado desde las sombras por el PSOE de Susana Díaz. Por supuesto, también sucede en todas y cada una de las televisiones autonómicas españolas. Pero la singularidad de este organismo reside en su indisimulada defensa de las posiciones separatistas que se cuecen en el seno de CDC y ERC. Aunque eso le haya llevado a dictar resoluciones sobre medios de comunicación que no están dentro de jurisdicción, como Intereconomía y 13TV. O aunque eso le haya obligado a esgrimir argumentos de lo más enrevesado para expiar a contertulios que la habían emprendido de forma desmedida contra compañeros de mesa contrarios al secesionismo.
El CAC ha beneficiado claramente a los medios catalanistas en el reparto de licencias de emisión
Un buen ejemplo, en este sentido, se dio el pasado noviembre, cuando el Consejo desestimó una denuncia de Societat Civil Catalana (SCC) motivada por unas declaraciones de la escritora y política Marta Alós, en las que calificaba a esta asociación de quintacolumnista y le acusaba de ser tóxica y de provocar misericordia. Algo similar sucedió con las palabras del polemista Miquel Sellarès, que llamó “cerebros enfermos” a los votantes del Partido Popular en una tertulia de TV3. En esa ocasión, el CAC consideró que lo que dijo no tenía animus injuriandi. En el caso de la comparación de SCC con una 'quinta columna', argumentó que esa expresión (grupo organizado que en un país en guerra actúa clandestinamente en favor del enemigo, según la RAE) es de uso habitual en este tipo de mesas de debate y que, por tanto, quien la había pronunciado no merecía ninguna reprimenda. En definitiva, quitó hierro al asunto.
Puente de plata para los medios amigos de Mas
Más grave aún es la diferencia de trato que ha dispensado este organismo a los medios de comunicación, dependiendo de su filiación ideológica. Basta con observar el reparto de 22 licencias que realizó en septiembre de 2014 para cerciorarse de esta conducta, pues 9 de ellas fueron a parar al acomodadizo Grupo Godó, mientras que 6 al Grupo Flaix, dirigido por Miguel Calçada, un periodista y empresario que fue nombrado en 2012 por el Govern como organizador de los actos del Tricentenario que conmemora los sucesos históricos de 1714.
Este premeditado trato desigual también se ha dado cuando el organismo ha tenido que pronunciarse sobre el alquiler o la transferencia de la titularidad de las licencias para emitir en esta comunidad autónoma. Fuentes cercanas al organismo recuerdan que la solicitud de El Punt Avui TV para arrendar siete permisos de emisión en Barcelona, Sabadell, Lleida, Blanes, Tarragona, Vic y Granollers se tramitó de forma muy rápida; mientras que la de Onda Cero (Uniprex) para comprar al empresario Justo Molinero una de estas licencias se enquistó de forma inexplicable.
En la materialización de este tipo de agravios comparativos, la figura de su presidente, Roger Loppacher, ha resultado clave. Este representante, cercano a Mas, se apresuró hace unos meses a abrir un expediente a la Cadena SER, la Cadena COPE y Onda Cero por no emitir las cuñas sobre la consulta del pasado 9-N que les había enviado la Generalidad tan sólo unas horas antes de que fueran prohibidas por el Tribunal Constitucional. Esa prisa por iniciar el procedimiento sancionador no la ha demostrado para finalizarlo, pues se encuentra guardado en un cajón. “Fue una medida de presión y ahora, por alguna razón, no se atreve a interponer la multa a las tres radios”, exponen estos informantes.
La férrea defensa de TV3
Mientras el organismo ha urgido a empresas como COPE y Vocento a cumplir con el mínimo legal de programación en catalán, y la ha emprendido contra 13TV o Telemadrid por comparar el proceso soberanista con los totalitarismos europeos de entreguerras, ha protegido a TV3 contra viento y marea.
De hecho, se negó a aceptar las quejas que denunciaban que la televisión pública catalana había sido parcial a la hora de informar de la consulta del 9-N y miró hacia otro lado cuando alguno de los contertulios de sus programas de debate se han referido de forma despectiva a miembros del PP y Ciudadanos. Incluso aprobó -en un polémico dictamen- la línea editorial del documental Hola, Europa!, en el que los 31 entrevistados que aparecían en sus 76 minutos de duración explicaban las ventajas del nacimiento de un Estado catalán. Es decir, no se incluyó ninguna opinión que avisara de los riesgos de la secesión.
El organismo que nació para velar por la pluralidad en el panorama catalán de los medios de comunicación, y para garantizar que sus contenidos cumplieran con ciertos parámetros éticos, se ha convertido en un arma al servicio de Artur Mas para utilizar contra sus rivales, concluyen estos informantes.
