Las primeras privatizaciones de televisiones autonómicas serán una realidad a lo largo de 2013. Comunidades como las de Madrid, Valencia, Baleares, Extremadura y Murcia ya han iniciado el proceso para intentar que la privatización o externalización de servicios se implemente ya en el presupuesto del próximo ejercicio. Varias fuentes del sector –inmersas en dicho proceso- explican que la gestión de estos medios de comunicación en manos privadas supondrá reducir a un tercio su coste. Este es el caso de Telemadrid, la cual se gestionaría con un presupuesto de en torno a 50 millones de euros frente a los más de 160 presupuestados por el Gobierno regional este año.
El modelo barajado para la privatización es la de la firma de un contrato programa por concusro público con los gobiernos autonómicos, uno modelo que desde hace unos años ya está implantado en Castilla y León. Pese a que la televisión autonómica seguiría costando al erario público varios millones de euros, sería una tercera parte, tal y como explican varias empresas privadas decididas a hacerse con varios de estos contratos en un plazo de unos ocho meses.
Y es que parece que la subveción pública es indispensable para sostener una televisión regional, y más ahora tras varios meses en el que el mercado publicitario está en caída libre (un 16,5% a nivel nacional en los primeros seis meses del año) los entes regionales ven como su partida comercial se hunde muy por encima que el sector: hasta un 38,5% en lo que va de año, según señalan varias fuentes del sector que recuerdan que este dato es con el que se cerró el primer trimestre de 2102 según el informe de Infoadex.
Pero el equilibrio presupuestario de estos entes es inexcusable y debe ponerse punto y final a la deuda. Según el proyecto de ley las comunidades que mantengan su televisión pública habrán de elegir entre sacarla a concurso y privatizarla o mantener en sus manos la gestión de forma directa, es decir, con sus propios medios humanos y materiales, En cualquier caso, la gestión privada o pública de cada televisión autonómica deberá equilibrar ingresos y gastos, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La norma permitirá también a las comunidades que, si no mantienen sus televisiones, saquen a concurso las frecuencias de las mismas.
Un coste de 30 euros por habitante
El coste de las TV públicas autonómicas es de 30,6 € habitante/año. Esta cifra representa alrededor de un 30% menos de lo que desembolsan los europeos por televisiones de características similares. Además, el coste por habitante de las televisiones autonómicas españolas se ha reducido significativamente en los últimos dos años a consecuencia de la disminución de las aportaciones que reciben de las administraciones autonómicas. las televisiones públicas autonómicas son el motor de la industria audiovisual en sus territorios, ya que su aportación tanto de forma directa como inducida (en producción asociada) representa el 19,3% del total de ingresos del sector audiovisual español, que emplea a 13.000 personas.