La historia se repite y la banca no aprende: no basta con ser honrado, también hay que parecerlo. Y más en un país terriblemente abonado para la práctica del populismo. Sobran españoles indignados, con los bolsillos erosionados por la inflación. Abundan los tertulianos y los 'haters' con ganas de desahogarse en las ondas y en las redes. Casi tanto como los políticos atosigados por las encuestas. Algunos están sentados en la mesa del Consejo de Ministros, con diez meses restantes de mandato y pocas posibilidades de renovar. Eso, de entrada, ya es peligroso para los banqueros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado capacidad sobrada para caminar por la vida con dos caras. El mismo mandatario que presumió de avanzar "por el buen camino" si por el mismo no transitaba Ana Botín, compartió café y sonrisas en Davos con la presidenta del Santander. En la última edición del Spain Investors Day, con los 'impuestazos' a banca, energéticas y grandes patrimonios en pista de despegue, aseguró sin rubor que “España es uno de los mejores lugares del mundo para hacer negocios”.

La veda contra los banqueros no está cerrada. Si en algo son expertos Sánchez y sus socios morados de coalición es en sacar petróleo de los enfoques simples. El presidente de Mercadona, Juan Roig, es un "capitalista despiadado". Amancio Ortega, fundador de Inditex, practica la "evasión fiscal". Quienes dirigen CaixaBank, Santander, BBVA o Sabadell son "usureros". Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) o Florentino Pérez (ACS) son "señores del puro".

Con independencia de que el Gobierno se saque o no de la manga nuevos 'hachazos', usará al Ibex en el año electoral como chivo expiatorio de los males de la economía. A favor de Sánchez, y contra de los bancos, juega claramente un factor: el cabreo creciente de los hogares que pagan mucho más por la hipoteca, pero no cobran casi por sus depósitos. Mientras tanto, las entidades baten récord de beneficios. La contraposición es simple, por supuesto. Pero ambas circunstancias son reales y el sector no está sabiendo valorar en su justa medida los riesgos. Otra vez.

Salvando las distancias, a la banca le costó años coser el roto que provocaron en su imagen los desahucios de la anterior crisis. Justificaron entonces la falta de sensibilidad con los desahuciados con argumentos bastante insensibles. Por ejemplo, que las medidas para facilitar el abono de las hipotecas podían generar un 'efecto llamada' y una cadena masiva de impagos. El fuerte aumento de los desahucios era consecuencia de la escalada de morosidad, provocada a su vez por la destrucción masiva de empleo.

Al final, la inacción del sector obligó al Gobierno a actuar… y apuntarse el tanto. En junio de 2013, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, presumía en público de evitar 2.000 desahucios en unos meses, tras legislar sobre el asunto. Los bancos salieron escaldados y tuvieron que expiar además, durante años, pecados que no habían cometido (fue la gestión irresponsable de las cajas de ahorros la que provocó el rescate europeo del sector financiero).

Cuando los banqueros comenzaban a levantar cabeza, un jubilado llamado Carlos San Juan les sacó los colores con la campaña "Soy mayor, no idiota". Las entidades tampoco vieron venir el descontento de una porción importante de buenos clientes, que domiciliaron en su día sus nóminas y actualmente la pensión, y que se sintieron olvidados por la transformación digital -y la merma de personal- de las oficinas. De nuevo, fue el Gobierno quien dio el paso… y se colgó la medalla. Fue la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien se fotografió con el pensionista 'rebelde' a las puertas del Ministerio, para anunciar un marco de protección a los clientes de mayor edad.

La buena cosecha de beneficios vuelve a poner ahora a las entidades en el foco de la opinión pública. Y en el disparadero de unos políticos que ladran mucho -como los de Podemos- y otros dispuestos a morder de verdad -como Pedro Sánchez-. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja sumaron un beneficio conjunto de 20.850 millones en 2022, un 28% más que el año anterior. Los dos primeros batieron su propio récord anual.

Las últimas comparecencias públicas de algunos banqueros han rozado el victimismo. Efectivamente, los grandes bancos son víctimas de un nuevo impuesto bastante discutible desde el punto de vista jurídico. La obligación de sus gestores es recurrirlo y, evidentemente, expandir los márgenes de negocio para contentar a sus accionistas.

Ahora bien, lo anterior no es excusa para empezar a tener gestos con la clientela, que no entiende titulares como los que ha publicado Rubén Sampedro en Vozpópuli. Tres ejemplos: "Santander, BBVA y CaixaBank tardarán en pagar por los depósitos pese a sus beneficios récord; "La banca cobra por las nuevas hipotecas un 355% más que lo que paga por los depósitos"; "La banca española cobra por el crédito al consumo un 27% más que en Europa".

Las entidades ya tienen protocolos para atender a los hogares hipotecados que no llegan a fin de mes y accedieron a ampliar las facilidades de pago en un acuerdo firmado con el Gobierno. Pero podrían ser más proactivas a la hora de recordar a los usuarios los mecanismos que tienen ya a su disposición. Ponerse a disposición del cliente, con todas sus redes de protección y ampliarlas si es necesario. Explicar de forma didáctica a la opinión pública las particularidades de un sector que soporta enormes cargas normativas y regulatorias, y que no siempre vive épocas de vacas gordas como la actual, motivada por un hecho sobrevenido (la subida brusca de los tipos de interés).

La falta de empatía deja abierto un boquete por el que pueden colarse los ministros populistas que conservan aún el poder del BOE, con ganas de colgarse medallas a cambio de votos. Aunque ello suponga imponer medidas tan descabelladas como la intervención del mercado hipotecario.

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