En España ya todo resulta injusto y desesperante. Es una sensación pegajosa la impotencia y la humillación que sufre el paria español, más conocido como contribuyente. Un ser alienado por algo tan cutre como una Administración actúa como esos peces cuando llegan al cristal de una pecera cada vez que se invoca la democracia o el Estado de derecho por los delincuentes que buscan atracarlo ¡Arriba las manos, esto es la democracia! Algo así dijo el vergonzoso general de la UME junto a la chillona de Margarita Robles a unos pobres en Paiporta llenos de barro en un garaje inundado para decirles que se aguanten, que han de hundirse en el lodo hediondo junto a los muertos que no quisieron salvar los de la democracia porque lo importante son sus intereses políticos, no nuestras vidas.

Supongo que tras la matanza perpetrada en Valencia, donde el número real de fallecidos es ocultado un mes después, muchos relativizan las tropelías del poder y les hace tragar con más facilidad. Pero a otros, por el contrario, nos resulta cada vez más insoportable y peligroso seguir aceptando leyes y reglamentos ruinosos de una clase dirigente impune y sin control capaz de hacernos cualquier cosa por mantener un poder corrupto. La desobediencia civil es lo único cabal para sobrevivir.

Este lunes ha entrado en vigor el Real Decreto 933/2021 sobre el registro de información de viajeros en todo tipo de hospedaje y alquiler de vehículos, por el que se establece la obligación de facilitar datos personales más allá de lo razonable, como el actual DNI. En nombre de la seguridad y contra el terrorismo, obligan a facilitar el número de teléfono, así como el número de cuenta corriente o de tarjeta bancaria con el que se efectúe el pago en un sector donde el efectivo está casi desterrado por las reservas. También exige que dichos datos sensibles sean almacenados durante un periodo de tres años por el tipo que te ha alquilado una casa rural en Zamora. Quizá estén ahí más seguros que en el SEPE o en la Agencia Tributaria. Este lunes, el grupo de hackers Trinity aseguraba haber accedido a 560 gigas de información de la base de datos de la AEAT para llevar a cabo una doble extorsión a la Administración y a los individuos cuyos datos hayan robado. Sabrán si tiene un proceso pendiente para engañarle o chantajearle. Lo mismo que podrán hacer cuando un chaval de 14 años pueda entrar en la web de registro de viajeros y sacar miles de datos bancarios y personales.

La mera declaración de ser menor de edad es suficiente a africanos de dos metros para ser acogidos con los privilegios de menores. Pero usted no se niegue a dar uno de los datos sensibles pues el hotel está dispuesto a negarle el alojamiento según han anunciado algunos grupos.

Puede parecer una nimiedad para algunos la protección de datos, pero el Gobierno no debería despreciar una gota en un país que parece regurgitar. Los diputados o los nuevos consejeros de RTVE acceden a sus cargos con sueldo de 100.000€ sin prometer la Constitución. Cada día entran miles de inmigrantes ilegales en España que rompen su documentación para no ser devueltos, sino alojados en hoteles que paga usted. La mera declaración de ser menor de edad es suficiente a africanos de dos metros para ser acogidos con los privilegios de menores. Pero usted no se niegue a dar uno de los datos sensibles pues el hotel está dispuesto a negarle el alojamiento según han anunciado algunos grupos.

La podredumbre y derribo de este país no se entiende sin la cobarde y agarrotada clase empresarial, siempre miedosa por las migajas del BOE, aunque eso suponga aceptar su propia ruina. La patronal ha puesto un recurso, pero sus reivindicaciones son por la burocracia en el registro y solicitar plazos más amplios de adaptación, como el esclavo que pide a su amo que apriete menos la soga. Lo mejor será que sólo viajemos fuera de España, donde no te interrogan, o en los alojamientos que permitan pagar en efectivo o sin solicitar los datos del Gran Hermano. El Gobierno nos enfrenta a los españoles, destruye el sector turístico, que es lo único que sabe hacer, dividir y destruir. Culpo a quien genera el 12,4% del PIB por no contemplar la opción de plantarse ante un Gobierno que está dispuesto a arruinarle para favorecer su competencia. Han destruido a las Islas Canarias llenando los hoteles de africanos y ahora quien no quiera arriesgar sus datos escogerá otro país más respirable que esta ciénaga socialista. Los empresarios del sector turístico prefieren obedecer un maldito y mísero reglamento aprobado contra los informes de la Agencia de Protección de Datos, del Consejo de Estado y contrario a toda la normativa española y europea en materia de protección de datos, así como del Reglamento 2024/1028 del Parlamento Europeo y el Consejo.

Si el Estado ya conoce esos datos, sólo puede tener dos intereses concurrentes para registrarlos de este modo. El primero, arruinar al sector turístico español y que quede para alojar a africanos. Y en segundo lugar, para que los hackers puedan hacer negocio. Quizá alguien se lleve una comisión.

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