Dicen que a Esperanza Aguirre le ha costado noches de insomnio y unas cuantas broncas de amigos y familiares entrar en razón y bajar de la nube de su autoproclamada inocencia. Aferrada al argumento de que “todo el mundo sabe que yo no me he llevado un duro”, la doña insistía en no tener nada que temer y en que “ya pueden investigar lo que quieran, que a mí nadie me va a pillar en ningún renuncio”. Tan confiada estaba, tan segura de su razón, que a principios de esta semana seguía mostrándose dispuesta a acudir sin abogado a su primera cita con el juez, ante la alarma de quienes le repetían: "Estás loca, esto no es ninguna broma y tienes que tomártelo muy en serio, lo que significa que debes buscarte cuanto antes un buen abogado, el mejor posible, porque esto ya no va de política, Esperanza, esto va de que quieren acabar contigo por lo que has representado en la derecha madrileña y española".
El auto hecho público el lunes por el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón contiene pasajes durísimos para la política madrileña, hasta el punto de llegar a afirmar que Aguirre “sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad”, razón por la cual tendrá que declarar como investigada a petición de la Fiscalía Anticorrupción por “el desvío de caudales públicos para financiar campañas electorales, así como la entrega de comisiones y dádivas prometidas a una red de empresas de confianza”. De la responsabilidad política por supuesta omisión, hemos pasado a una potencial responsabilidad penal por acción. Palabras mayores.
Por el auto de García-Castellón desfilan con Aguirre hasta una cuarentena de imputados, un dramatis personae cuyo elemento descollante es quizá Javier Monzón, expresidente de Indra, presidente de Openbank, firma de consultoría y desarrollo de software filial del Santander, y presidente no ejecutivo del grupo Prisa por voluntad de Ana Botín, presidenta del grupo, convertida hoy en principal sostén del grupo de comunicación. Cierta justicia poética, pues, en tanto en cuanto Prisa es el abrevadero ideológico y cultural de ese populismo de izquierdas que hoy todo lo impregna en España y el adalid de esa cansina división entre “derecha mala” e “izquierda buena” que cierta progresía millonaria se empeña en mantener viva. En esta línea, El País ha aceptado muy malamente la decisión del juzgado de lo penal número 31 de Madrid de absolver, en coherencia con las tesis de la Fiscalía, al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de su ex tesorero Luis Bárcenas. Ahora, un juez de la AN viene a unir en la misma pieza a Aguirre, perenne objeto del odio africano del grupo Prisa, con el presidente del grupo Prisa, Monzón.
Aguirre y Monzón como polos opuestos de un universo zarandeado por las arremetidas del ciclón del populismo judicial en boga
Tipo controvertido donde los haya, Monzón anda estos días volcado en proclamar su inocencia (“frenética operación de autoimagen”) entre la elite dirigente madrileña, particularmente a aquellos con capacidad de influir en Botín, su gran soporte de siempre. Pero aunque son muchos los que sostienen que Prisa no forzará su dimisión, su continuidad al frente tanto de Prisa como de Openbank se antoja difícil, entre otras cosas porque su posición es más delicada que la de Aguirre en tanto en cuanto existe un hecho concreto que en principio le incrimina, el informe de los agentes de la UCO, abrazado con fe ciega por las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, según el cual Indra “habría financiado con 566.497 euros gastos de las campañas del PP madrileño en 2007 y 2011”. Siempre según la UCO o, en su caso, la UDEF. Siempre la tercera persona, singular o plural, del condicional. La misma inconcreción, idéntico espíritu vindicativo, justicia popular, bandera de las fiscales del pueblo. Aguantar años, hasta el momento de la sentencia definitiva, con ese sambenito encima se antoja complicado incluso para un hombre tan camaleónico como Monzón. Nadie, excepto si eres el amo de la empresa, caso Villar Mir, resiste al frente de la misma con un fardo judicial encima de ese tenor, de donde se colige que doña Ana pedirá un día de estos a Manolo Cendoya, si no se lo ha pedido ya, que me gestiones este asunto con discreción y, sobre todo, con el menor coste posible para mí, primero, y para el banco, después.
Aguirre y Monzón como polos opuestos de un universo zarandeado por las arremetidas del ciclón del populismo judicial en boga, la turbamulta de una Justicia cuyos desajustes, deficiencias, ineficacias, cuando no malas prácticas, empiezan a preocupar seriamente no solo a los grandes penalistas del foro sino a todos aquellos demócratas sin apellido que valoran la existencia de una Justicia independiente, rápida y fiable como la prueba del nueve de la calidad de una democracia. Curioso cuando menos que un juez con cartel de eficaz y discreto, que llegó al Juzgado Central de Instrucción número 6 en sustitución de Eloy Velasco, supuesto verdugo del PP, con la sospecha de venir a aliviar las angustias del PP, y que con el tiempo ha demostrado su independencia, se haya limitado en este auto a lo que en apariencia es un simple corta y pega de los escritos de la Fiscalía, las dos señoras antes citadas, durante los últimos años, impregnados, letra y música, de los informes de la UCO, informes sobre los que algún día habría que escribir un tratado capaz de figurar por derecho propio en un museo de los horrores policiales y jurídicos.
Acusaciones en condicional
Las fiscales sitúan a Aguirre en una serie de reuniones en las que se habría puesto en marcha esa maquinaria delictiva para financiar al PP, sin que en el auto figure dato o cita concreta que permita deducir semejante aserto, puesto que todo, vuelta la burra al trigo del condicional, se circunscribe al “tendría que”, “es imposible que”, “es fácilmente deducible que”, “estaba obligada en razón de su cargo a…”. “He visto a García-Castellón particularmente tranquilo estos días, lo que me hace sospechar que quizá tenga alguna baza escondida que no figura en el auto”, asegura Alex Requeijo, responsable de la información de tribunales de este diario. Todo dependerá de las declaraciones en sede judicial de alguno de los imputados, en particular de Francisco Granados, un reconocido golfo que se dice dispuesto a tirar de la manta, del ex presidente Nacho González, cuya línea de defensa se desconoce, y de Beltrán Gutiérrez, hombre de confianza de Aguirre a quien el juez sitúa como “guardián de la Caja B” del PP.
Es la protesta de no pocos profesionales del foro. Adecuadamente macerado por meses de cárcel, Granados terminó por cantar La traviata una mañana de febrero de 2018, dispuesto a dar a las fiscales la carnaza que las fiscales estaban buscando. Tres días después, el entonces fiscal general, Julián Sánchez Melgar, lanzó una advertencia a los arrepentidos dispuestos a hacer “acusaciones sin pruebas” como mera estrategia de defensa, señalando que esa argucia no puede salir gratis, por lo que iba a plantear una reforma legislativa destinada a imponer sanciones. Nada se ha hecho. El mal arranca aguas arriba. De una Audiencia Nacional, creada para combatir el terrorismo, que se ha convertido en un Poder dentro del Poder, una Justicia dentro de la Justicia, un órgano que se ha desarrollado en exceso, necesitado, finiquitado el terrorismo etarra, de nuevos caladeros ocupacionales con los que seguir justificando su razón de ser. Una maquinaria ociosa a la que hay que seguir dando trabajo. Un cáncer. Lo mismo que Anticorrupción, convertida en una Fiscalía dentro de la Fiscalía, el refugio de los chicos duros, las chicas duras, con los que a menudo ni los propios magistrados se atreven.
Una sociedad democráticamente sana debería reflexionar, por tanto, sobre la deriva por la que se desliza nuestra administración de Justicia y sobre los perversos efectos de la ausencia de alternancia política
Lo estamos viendo con el juicio del caso Bankia, con una fiscal dispuesta a calificar antes de la prueba e incluso en contra de la prueba después, perdido todo principio de objetividad. Es el populismo rampante que se ha hecho carne en parte de una judicatura podemizada y dispuesta a hacer justicia, olvidada la referencia a una ley igual para todos, por su cuenta. Son esas fiscales que, tras el fallo del caso de los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps, lloraban sin recato por los pasillos porque la sentencia había sido absolutoria. Es la izquierda mediática que rechaza la absolución del PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas (“Una grosera destrucción de pruebas queda impune”, El País). Son esas declaraciones a gente asustada tomadas en sede policial, sin juez, fiscal y/o abogado defensor presente, que dan lugar a los informes precocinados de UCO y UDEF que directamente se incorporan después a las causas. Es el traje a la medida que los justicieros del pueblo le están cortando ya a la nueva presidenta madrileña Díaz Ayuso. Es la práctica viciada de la apertura de procedimientos puramente prospectivos: iniciar una causa penal a la búsqueda de la imputación, simplemente a ver qué encontramos, sin ninguna base fáctica que lo sustente. La consecuencia es un procedimiento penal viciado en origen, que no solo afecta a los delitos políticos, sino también a los penales. Un deterioro alarmante de las garantías procesales. Ni más ni menos que la puesta en cuestión del Estado de Derecho. La pérdida de calidad de nuestra democracia, si es que alguna le quedara.
Dinamitar el PP madrileño
Será muy difícil demostrar que Aguirre “ideó” la estructura de financiación presuntamente ilegal del PP madrileño y ejerció un “control directo” sobre la misma, como afirma el auto del juez. Será muy complicado dar satisfacción a quienes pretenden meterla en la cárcel (paso previo para dinamitar el PP madrileño, conquistar Madrid para la izquierda, que de eso se trata, de acabar de una vez por todas con un partido que en las peores circunstancias, arrastrándose por el fango de la más artera corrupción, ha sido capaz de retener la Comunidad y recuperar la alcaldía de la capital) porque no se dan por satisfechos con las responsabilidades políticas, que ya pagó, a cuenta de su inverosímil “habilidad”, ella que incluso fue alta ejecutiva de una firma de cazatalentos, para fichar a tanto político golfo, vulgares chorizos, como durante años cobijó bajo sus alas en la Comunidad de Madrid. Esa responsabilidad in vigilando es la que ha terminado por arruinar su hoja de servicios, haciéndola salir de la política por la puerta falsa del oprobio, sin que sean de recibo sus redundantes apelaciones a la ignorancia de lo que ocurría en su derredor. Será muy difícil demostrar su culpabilidad, cierto, aunque de la pena del telediario y del veredicto del tertuliano ilustrado no la salve nadie. Más o menos como a Monzón. Sin que nadie se acuerde de nosotros cuando hayamos muerto en los folios de una eventual sentencia absolutoria.
Una sociedad democráticamente sana debería reflexionar, por tanto, sobre la deriva por la que se desliza nuestra administración de Justicia y sobre los perversos efectos de la ausencia de alternancia política, tanto a nivel estatal o autonómico, así como sobre la necesidad de poner coto, los checks and balances de siempre, a esos intensos liderazgos personales capaces de cobijar todo tipo de tropelías, lo cual debería pasar seguramente por fortalecer la independencia de ese tipo de organismos de supervisión y control de los Ejecutivos tipo Tribunal de Cuentas, CNMV, CNMC y similares, esos organismos que valora tanto nuestro indiscutible líder del momento, en tan alta estima les tiene, que está dispuesto a regalárselos a Pablo Iglesias a cambio de su apoyo gratis total en la investidura. A precio de ganga.
