La salida a Bolsa de AENA sigue pendiente de resolver lo que oficialmente el Gobierno ha venido en llamar cuestiones técnicas, que se traducen en el hecho de que la carta de conformidad de la OPV sería firmada por PwC, la auditora que supervisa también las cuentas de la compañía. Detrás de esta circunstancia aparecen de nuevo enfrentamientos en el seno del Gobierno por el proceso de privatización del gestor aeroportuario que terminará por resolver la Abogacía del Estado, dependiente del Minsterio de Justicia que dirige Rafael Catalá, que ha tutelado el proceso de privatización de AENA hasta hace apenas un mes.
Al Gobierno ya le costó un triunfo aprobar la entrada de capital privado en el gestor aeroportuario. Dos bandos se perfilaron por entonces en Moncloa. A un lado, Fomento y Economía, partidarios de llevar el proceso adelante y cuanto antes; al otro, Hacienda y la Oficina Económica de Presidencia, reticentes a llevar a cabo la operación, al menos en los términos en que se planteó, sobre todo en el sentido de que el Estado mantuviera la mayoría del capital de la compañía.
Pese a que finalmente el Ejecutivo sacó adelante la privatización, las discrepancias no han desaparecido, como quedó de manifiesto el pasado viernes, cuando el consejo de ministros no pudo dar luz verde al registro del folleto de la OPV por la falta de documentación, en concreto, esa carta de conformidad.
Sin embargo, el hecho que la firma responsable de este documento sea la misma que la que realiza las auditorías de la empresa no ha sido un obstáculo en ninguna de las anteriores privatizaciones con salida a Bolsa que se han llevado a cabo por parte de los diferentes gobiernos de España.
Palos en las ruedas
Las dudas en torno a la OPV de AENA en relación con una cuestión de auditoría son, en realidad, reflejo de los últimos palos en las ruedas del proceso que se tratan de poner desde determinados departamentos de Moncloa. “No hay ningún problema de incompatibilidades entre auditoras”, apuntó este lunes Luis de Guindos, ministro de Economía, que también insistió en la necesidad de “ser escrupulosos” con el proceso.
Tanto De Guindos como la ministra de Fomento, Ana Pastor, y Álvaro Nadal, responsable de la Oficina Económica, han manifestado en las últimas horas su confianza en que el próximo viernes esté todo listo para que el consejo de ministros pueda dar luz verde a la OPV. Sin embargo, no todos lo están poniendo fácil.
Y como prueba, la situación promete derivar hacia una situación rocambolesca, toda vez que el Ejecutivo recurrirá a la Abogacía del Estado para que verifique que la auditoria de la compañía puede también firmar la carta de conformidad sin concurso de por medio. Es decir, que finalmente el futuro de la operación estará en manos del Ministerio de Justicia, al frente del cual se encuentra Rafael Catalá, encargado de tutelar todo el proceso de privatización de AENA desde su anterior cargo como secretario de Estado de Infraestructuras.
Al frente de Enaire
Catalá fue también el primer presidente de Enaire, la matriz de AENA a través de la que el Estado seguirá controlando el 51% del capital de la compañía cuando haya concluido el proceso.
Resulta paradójico que el futuro de la operación esté ahora en sus manos pero también ha sido la consecuencia de haber cerrado en falso el cisma que se originó en su día con la privatización del gestor aeroportuario.
“Al final, esta operación es ‘marca España’, es la única que va a hacer este Gobierno y se juega mucho con ella. La imagen que se está dando en el exterior podría deteriorarse de forma notable si esta operación sufriera un inesperado retraso”, señala una fuente conocedora de la situación.
