Las compañías energéticas estrechan el cerco sobre el Gobierno para que revise a la baja el régimen fiscal de las centrales nucleares, tras el duro varapalo que supuso la reforma de 2012. Y lo hacen después de que el Ejecutivo haya emprendido una endiablada carrera por mantener la energía nuclear como un pilar básico de su estrategia energética pero prácticamente sin contar con las empresas que deben llevar a cabo las inversiones para prolongar la vida de las centrales.
Este miércoles, el Ministerio de Energía recibió varios mensajes de parte de las empresas. A primera hora de la mañana, Iberdrola explicaba a los analistas que había solicitado al Gobierno más tiempo para poder solicitar prolongar la vida útil de las centrales de Almaraz y Vandellós. "Necesitamos más tiempo para saber cuál es la política energética del Gobierno y evaluarla. Para saber cómo se paga la energía nuclear y si podemos obtener beneficios".
Esos beneficios se complican con una carga fiscal que se lleva la mitad de los ingresos. Ahí radican las dudas sobre la política energética del Gobierno.
Dudas que comparte con Endesa, aunque su postura sobre la central de Garoña, cuya titularidad comparten, parezca irreconciliable. De hecho, Iberdrola da el asunto por amortizado. Y el presidente de Endesa, Borja Prado, señaló tras la junta de accionistas de la empresa que "siempre acabamos llegando a un acuerdo con nuestro socio Iberdrola, lo que pasa es que ahora estamos negociando".
Acuerdos y discrepancias
En lo básico, hace tiempo que tienen ese acuerdo: Garoña no es rentable con el actual esquema. En lo que difieren, como volvió a manifestarse en el consejo de Nuclenor, es en los tiempos: Iberdrola quiere desistir ya de solicitar la ampliación de su vida útil (la cercanía de la central a Euskadi le ocasiona problemas) y Endesa prefiere esperar a que el Ejecutivo se pronuncie sobre el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que avalaba prolongar la vida de la central. La duda no está en el sentido de la respuesta, que será afirmativa, sino en lo que pueda ir de acompañamiento. Entre otras cosas, una posible rebaja fiscal.
Mientras Iberdrola y Endesa escenifican su enfrentamiento por Garoña, otros actores del sector, tradicionalmente silenciosos en lo que se refiere a las nucleares, no han dudado en salir a la palestra ante la posibilidad de que este episodio se cierre con sorpresas positivas. Gas Natural Fenosa se pronunciaba la semana pasada, en su junta general de accionistas. Por vez primera, alzaba la voz en público para afirmar que el negocio nuclear no era rentable debido a los elevados impuestos con que está gravado y que, en estas circunstancias, no merecía la pena invertir.
También EDP se ha alineado con Iberdrola, como accionista de la central de Trillo, en la voluntad de pedir al Gobierno más tiempo para pensar si solicitar o no la ampliación de la vida útil de la instalación. Tampoco se conocía hasta ahora su postura al respecto.
El Gobierno, obligado a responder
Las compañías son sabedoras de que el Gobierno tendrá que reaccionar, tarde o temprano. Si no estimula la inversión en nucleares, las centrales irán cerrando de forma paulatina y eso hará saltar por los aires sus planes. Y, por añadidura, elevará el precio de la luz de forma significativa. José Bogas, consejero delegado de Endesa, se encargó de recordarlo tras la junta de la compañía: unos 10 euros más por megawatio/hora.
Una alternativa que, de acuerdo con lo que aseguran algunas fuentes del sector, beneficiaría a Iberdrola y Gas Natural Fenosa, toda vez que favorecería una mayor utilización de las centrales de ciclo combinado, actualmente paradas.
Si finalmente accede a modificar la carga fiscal de las nucleares, habrá abierto la puerta de las reivindicaciones del sector, que son muchas y variadas. Una encrucijada en la que el Gobierno se ha metido de lleno por precipitación y cuya factura aún tiene un coste desconocido.
