El Gobierno está trabajando en un Reglamento para desarrollar los matices del registro de jornada, que es obligatorio desde este lunes para todas las empresas que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, y que verá la luz después del verano, según han confirmado a Vozpópuli fuentes de despachos de abogados especializados en laboral.
"Se está trabajando en un Reglamento. No tiene por qué contener todos los puntos que incluye la Guía publicada hoy, pero sí está previsto que regule distintas especificidades", apunta Ignacio Esteban, asociado principal de Derecho Laboral de Garrigues, quien espera que "cuando se dicte, arroje luz" sobre las dudas que existen.
Otro bufete español también ha confirmado a este medio que el Ejecutivo está elaborando este desarrollo reglamentario y ha señalado además que "verá la luz en septiembre".
Fuentes del Ministerio de Trabajo niegan que "oficialmente" esté previsto el desarrollo reglamentario del real decreto-ley por el que se aprobó el control de horas, pero admiten que "si posteriormente se apreciara la necesidad del mismo ya se desarrollaría". "No podemos hablar de conversaciones informales o cosas extraoficiales", dicen.
Los principales despachos laborales con sede en España han estado planteando sus dudas al Ejecutivo desde que se conoció que se aprobaría la norma y aunque reconocen que la Guía que ha publicado este lunes el Ministerio de Trabajo aclara algunas "cuestiones generales", lamentan que no se incluya ninguna orientación sobre la "aplicación práctica" de la ley.
Esto se debe "lo primero a que la guía no es un reglamento, es una guía no vinculante que no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y que busca arrojar luz pero dejando claro que es la opinión del Ministerio", señala Esteban.
Dudas aún sin resolver
Los despachos creen que el Gobierno ha sacado adelante esta norma con un afán puramente recaudatorio, ya que quieren hacer caja con los millones de horas extras que se hacen en España y por las que ni trabajadores ni empleados cotizan a la Seguridad Social. Aflorando esas horas, obligarán a las empresas a retribuirlas o bien a contratar más mano de obra, lo que también redundará en más ingresos para el Estado vía cotizaciones.
"Se han metido en un charco demasiado grande", comentan
El problema está, creen, en que las grandes empresas ya llevaban un control de las horas de sus empleados y que las horas extra no contabilizadas se encuentran en la economía sumergida o en las pequeñas empresas o autónomos que tienen uno o dos asalariados. "Esas empresas lo van a seguir sin cumplir", vaticinan, por lo que creen que "el Gobierno no conseguirá el objetivo que busca".
Prevén además que la incertidumbre que rodea la norma dé lugar a un aumento de la litigiosidad. "Eso, sin duda", aseveran.
"Al final dependerá de cómo se aplica la norma, de qué interpretación hace la Inspección de Trabajo y luego de los propios Tribunales", apunta el socio de Garrigues, dando por hecho que el conflicto se resolverá ante los jueces.
Este despacho ya había advertido en su blog a principios de abril de que las medidas del Gobierno para fomentar la conciliación laboral también darían lugar a un incremento de los litigios.
