Al menos dos de los contratos de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa que están siendo investigados por presuntas irregularidades en su ejecución contaron con la financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La entidad pública participó en un préstamo sindicado, junto a cuatro bancos y cajas de ahorro, solicitado por la sociedad Barcelona Sagrera, constituida para articular el desarrollo urbanístico de los alrededores de la nueva estación del AVE de la Ciudad Condal que aún no ha visto la luz.
En concreto, se trata del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad, para cuya construcción Adif licitó dos contratos diferentes en 2007, denominados “sector Sagrera” y "sector Sant Andreu”. Ambos fueron adjudicados en febrero de 2008. El primero fue a parar a la constructora Corsán Corviam, del grupo Isolux Corsán, y ha sido el núcleo de la investigación que dio lugar a la denominada Operación Yogui, por un presunto desvío de unos 30 millones de euros.
Mientras, el segundo fue adjudicado a una UTE formada por Acciona Infraestructuras y Copcisa y ahora es objeto de investigación en el marco de la Operación Grizzly, puesta en marcha por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción también por presuntos desvíos por valor de 82 millones de euros, en media docena de contratos adjudicados por cerca de 800 millones.
Algo más de un año después, la sociedad pública Barcelona Sagrera, participada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Fomento, obtuvo un crédito sindicado de 350 millones de euros, destinados a refinanciar su deuda y también a cofinanciar, junto a Adif, los dos contratos relacionados con el tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad.
Doble componente público
El sindicato bancario que concedió este préstamo estaba constituido por los bancos BBVA y Santander; las cajas La Caixa y Caja Madrid (que aún no se habían transformado en bancos ni habían iniciado los procesos de fusión que darían lugar a Caixabank y Bankia) y el ICO. Cada una de las entidades aportó 70 millones de euros.
El presunto fraude tendría, de este modo, un doble componente público por el hecho de que las obras que están siendo investigadas contaran con la cofinanciación del ICO.
Barcelona Sagrera fue creada al objeto de facilitar la coordinación y la ejecución de las actuaciones correspondientes a la ordenación ferroviaria y de transporte público en el ámbito de la estación de La Sagrera, que aún hoy sigue sin ser una realidad; además, también perseguía promover y gestionar la transformación urbanística derivada de las obras de remodelación del sistema ferroviario en este ámbito.
Precisamente, todos los contratos investigados en el marco de la Operación Grizzly están relacionados con el entorno: el de la construcción de la estación, el del desarrollo de los accesos a la misma y también los que se licitaron para llevar a cabo el control y vigilancia desde el punto de vista técnico de los trabajos.
