El Gobierno no pudo finalmente llevar a cabo la supresión del regimen fiscal de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (socimi) en 2024 pero el miedo sigue presente en no pocas empresas acogidas al sistema. Varias de ellas han tomado verdadera nota de la intentona de eliminar estos beneficios fiscales que PSOE y Sumar impulsaron sin mayor argumento que la persistencia de un déficit de viviendas en España.
Hay socimis con pisos en sus portfolios con mayor o menor volumen de actividad como otras que no, las más grandes, con inversiones en oficinas, centros comerciales, naves logísticas y centros de datos, que se han empezado a preparar para una eventual repetición de la coyuntura ante las dudas que han quedado latentes en inversores y accionistas.
Unos planes de actuación que pasan, dependiendo de la tipología de los activos, por preparar el camino para abrirse paso y/o profundizar la presencia mercantil en otros países de Europa -donde sería más sencillo- de cara a un eventual cambio de sede exprés en caso de que los socios del Gobierno de coalición se vean en condiciones de volver a intentarlo, según trasladan a Vozpópuli fuentes jurídicas cercanas a varias de estas empresas.
Una de estas fuentes no descarta incluso que haya inversores que se anticipen y asuman el redireccionamiento más pronto que tarde. En otros casos, en especial el de las socimis con activos residenciales, se han intensificado movimientos con vistas al reposicionamiento de las viviendas en alquiler de larga duración hacia otras modalidades o la venta y/o el traspaso de la propiedad de las carteras a inversores más largoplacistas.
También se ha detectado cierto impacto en los planes de empresas que a fecha de octubre de 2024 habían iniciado trámites para empezar a cotizar en España. Fuentes del mercado dan cuenta de procesos frenados ante la incertidumbre generada así como de su eventual reorientación hacia otros mercados europeos, con Euronext París como posible alternativa habitual.
La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha advertido de que la supresión del régimen socimi pondría en riesgo hasta 15.000 millones de euros de operaciones en inversión desde 2014 en España.
Colonial revisará el canje entre sus filiales española y francesa
"El régimen de las socimis no es más que la adaptación al caso español de la norma establecida en los mercados internacionales. Este tipo de modificaciones convierten al mercado español en territorio prohibido para la inversión internacional", fue la primera reacción en su momento de Juan José Brugera, el presidente de Colonial, la segunda mayor socimi española por capitalización bursátil.
Precisamente la socimi especializada en oficinas prime que dirige en el día a día Pere Viñolas es una sobre cuyos pasos tiene las miradas puestas el sector para este 2025. Y es que el Consejo de la compañía tiene previsto discutir en el primer trimestre los términos de la relación de canje entre sus divisiones en España -la central, cotizada en el Ibex- y Francia, un mercado más que importante para las socimis en Europa donde Colonial opera bajo la marca SFL.
Informantes cercanos al accionariado de la inmobiliaria matizan que la opción de cambiar la sede de Colonial a Francia no se ha puesto de forma vinculante alguna en el proyecto a estudiarse pero admiten que es una alternativa que se abordará entonces "en función de las circunstancias"
El marco de esta discusión interna en el Consejo está concebido sobre el papel para valorar una posible absorción definitiva de SFL por la parte española, que canaliza actualmente la gestión de las dos. Sin embargo, fuentes del mercado inciden en que ofrecerá una ocasión más que idónea para que los accionistas de la socimi valoren también las posibilidades e implicancias de una ecuación de canje inversa, como la que aplicó recientemente la constructora Ferrovial respecto a su filial en Holanda para el traslado de su sede a Amsterdam.
El actual accionariado de Colonial se reparte entre Criteria Caixa (17,3%), Qatar Investment Authority (16%), Carlos Fernández (14,8%), Puig (7,3%), la filial luxemburguesa de Corporación Alba (5%), Crédit Agricole (4,2%) y BlackRock (3,1%). De acuerdo a las fuentes consultadas, no existiría aún consenso mayoritario en la línea de un cambio de sede, pero no son pocas las voces que defienden un viraje importante en la gestión. En este sentido, los primeros trascendidos han apuntado a un bloque español partidario de mantener la base de operaciones en Madrid.
Merlin ha avisado del estudio de planes a largo plazo
De forma similar ocurriría con la otra gran socimi española y con presencia en Portugal, Merlin Properties, que fue también de las primeras en responder a la enmienda de los socios del Gobierno para eliminar el régimen socimi. La compañía participada por Banco Santander que dirige Ismael Clemente notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que tomaría medidas para valorar el impacto efectivo en el cashflow, que estimaba per se reducido "por el efecto conjunto de diversas normas fiscales".
La mayor socimi del Ibex 35 ya anticipaba en su comunicación que descontaba que la supresión del regimen socimi no fuera finalmente aprobada en el Congreso el pasado mes de noviembre por falta del suficiente respaldo político en ese momento. En cualquier caso, la inmobiliaria reconocía ya entonces que se había adentrado en la tarea de empezar a valorar medidas a adoptar "a medio y largo plazo" para "salvaguardar el interés de accionistas, clientes y empleados, sin excluir ninguna posibilidad legal a nuestro alcance".
