El Gobierno de Pedro Sánchez estudia seriamente las posibilidades de reorientar la promotora de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Árqura Homes, hacia la conformación de su nueva Empresa Pública de Viviendas, según coinciden en señalar a Vozpópuli fuentes próximas a las conversaciones.
Se trata de una iniciativa harto compleja pero que está en efecto sobre la mesa de incipientes contactos informales entre agentes cercanos al ministerio de Vivienda que encabeza Isabel Rodríguez, y la Sareb que preside Javier Torres y que el Estado controla en más de un 50%. Unas conversaciones que han cimentado el acuerdo del PSOE con Sumar sobre una proposición no de Ley aprobada esta semana en el Congreso con las abstensiones de Vox, PNV, ERC y Bildu y que insta al mismo Ejecutivo a repensar la venta de Árqura Homes.
Si bien dicha proposición no obliga a la suspensión de la operación, lo cierto es que en el Gobierno ya se contempla desde hace algún tiempo la posibilidad real de convertir a Árqura en la base de la empresa pública de vivienda que el propio presidente Pedro Sánchez anunció en el reciente Congreso Federal del PSOE, según señalan fuentes cercanas al lado gubernamental. No por nada, fuentes empresariales recibieron aquel anuncio del líder socialista con un cambio de posición en la puja por Árqura.
"El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez es que todos los recursos públicos del Estado quedan blindados a la política pública de vivienda", han respondido desde el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a preguntas de este medio sobre la posibilidad de que Árqura Homes se reoriente hacia la conformación de la nueva empresa pública.
Por su parte, desde Sareb no se han hecho comentarios. El Consejo de Administración del 'banco malo' aprobó la venta del control de Árqura a manos privadas el pasado verano, con un calendario de actuaciones ya en marcha, tras un largo proceso de estudio.
La joya de Sareb
La suspensión de la venta de Árqura Homes cobraría sentido dentro de un esquema que relanzaría la actual Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), con una estructura de suelos importante y una plantilla superior al centenar de empleados pero una actividad corriente en términos financieros mucho menor que la de la promotora de Sareb. Por dimensionar esto, el SEPES cerró el 2023 con una cifra de ingresos por actividad corriente de algo más de 10 millones de euros, por los casi 400 millones de Árqura.
Sareb sacó recientemente al mercado a su promotora con un valor de 800 a 1.000 millones de euros por una cartera de suelos fundamentalmente finalistas para unas 16.000 viviendas -de las que unas 4.000 estarían ya en obras- distribuidas a lo largo de toda España, con foco en Andalucía y en menor medida en Cataluña y Madrid, entre otras ubicaciones.
Una parte importante de los terrenos estaría orientada al desarrollo de segundas residencias para inversores internacionales, uno de los argumentos por los que fuentes técnicas mantienen que la venta a un privado es la salida para esta compañía más ajustada al mandato de reducción de la deuda pública del banco malo. A ello se suma que buena parte de los desarrollos en marcha por parte de Árqura se ubican en sitios que tendrían mayor demanda de vivienda para venta que para alquiler. No obstante, otras fuentes matizan que se trata de zonas en muchos casos tensionadas también en alquiler.
Decisión en tres meses para evitar indemnizaciones a privados
El calendario de los gestores de la operación de venta de Árqura Homes apunta a que la fase de ofertas no vinculantes culmine hacia el mes de febrero y que, tras unas semanas, se dé inicio a la etapa de ofertas vinculantes, con vistas a que la promotora de Sareb tenga un nuevo dueño en verano de 2025.
Lo anterior implica, según inciden diferentes fuentes conocedoras, que si el Gobierno pretende frenar la venta de Árqura Homes para reorientarla hacia su nueva empresa pública de vivienda, debería hacerlo dentro de un plazo aproximado de entre tres y cuatro meses para evitar posibles reclamaciones de inversores privados. Y ello, porque una vez el proceso entre en la fase de ofertas vinculantes, los interesados podrían reclamar indemnizaciones e incluso lucro cesante a la Administración.
En cualquier caso, lo cierto es que ya varios de los inversores que se habían interesado por entrar en la puja por Árqura se habían empezado a replantear las ventajas de la operación, como informó este medio. Varios empresarios que habían mostrado su interés en allanar la transacción -en especial, nacionales con el apoyo de capital foráneo- se lo están volviendo a pensar ante el ruido político y las propias condiciones del proyecto, poniendo también en duda que Árqura pudiera llegar a traspasarse por los montos de dinero pretendidos.
Una hoja de ruta que ha quedado ahora en el aire ante la posibilidad real de que el Gobierno la redirija hacia vivienda protegida, como ha reclamado Sumar. Entre las vías estaría la de un formato de colaboración público-privada parecido al del Proyecto Viena, con el que la misma Sareb aspira a poner en el mercado unas 15.000 viviendas protegidas que ya están contempladas dentro de las 184.000 prometidas por Pedro Sánchez.
