Duro Felguera requirió la entrada del Estado en su capital meses antes de que explotara la pandemia del coronavirus en España. La compañía, que acaba de solicitar 100 millones de euros a la Sepi, y que este año ha colocado a dos exministros del PSOE en su consejo de administración, lleva tratando desde finales del pasado año conseguir participación pública en su accionariado para evitar ser troceada.
Rosa Isabel Aza, presidenta de Duro Felguera, explica en una carta enviada esta semana a la plantilla, a la que ha accedido este diario, que, tras "numerosos contactos con posibles inversores y multitud de negociaciones con la banca", se concluyó que era necesario la entrada del Estado en su capital.
"Para seguir manteniendo a DF tal y como la conocemos, es decir, sin dividirla en unidades productivas, reflotando las más rentables o liquidando las problemáticas, teníamos que conseguir la participación pública en nuestro accionariado, que, a su vez, actuase como catalizador para generar esa necesaria confianza de los mercados", escribe la presidenta de la compañía.
"Cada empresa que salvemos ahora, que merezca la pena ser salvada, hará más fácil la recuperación después", dice la presidenta de Santander, primer acreedor de Duro Felguera
Rosa Aza admite en su carta a la plantilla -más de 1.000 empleados- que desde "el último trimestre de 2019", la compañía está trabajando en esta opción "la cual, se materializa en abril de 2020 con la firma de un NDA con Sepi y apertura de un data room".
La intención del grupo, añade la presidenta de Duro Felguera, era llevar a cabo una ampliación de capital "público-privada donde Sepi actuase como un inversor 'ancla', con las mismas condiciones que los inversores privados". Sin embargo, dice, la pandemia "ha cambiado totalmente esa situación", sin existir otra alternativa "que acogernos al Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas, sin renunciar a la opción de que se incorporen nuevos inversores privados".
Exministros en el consejo
Duro Felguera ha colocado en su consejo de administración a dos exministros del PSOE durante el mismo periodo en el que concluyó que no tenía más opción que lograr ayuda pública para evitar su desmantelamiento.
La exdiputada del PP Elena Pisonero dimitió como consejera de Duro Felguera a las 48 horas de ser nombrada
El grupo asturiano fichó a principios de año al exministro de Trabajo e Inmigración con José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez; y en abril nombró como consejero a Jordi Sevilla, también ministro con Zapatero, pocos días después de que renunciara a la presidencia de Red Eléctrica.
El reducido consejo de administración de Duro Felguera lo completan la presidenta no ejecutiva, Rosa Aza; el consejero delegado, José María Orihuelas, y el economista José Julián Massa Gutiérrez. A principios de junio la compañía anunció el nombramiento de la expresidenta de Hispasat y exdiputada del PP Elena Pisonero como consejera independiente, pero a las 48 horas dimitió del cargo por "potenciales conflictos de interés".
La plantilla exige cambios
La carta de la presidenta de Duro Felguera ha sido acogida con "total escepticismo" por la plantilla, que requiere cambios en la gestión y en el consejo de administración.
"La compañía necesita un cambio de gestión, apoyamos toda ayuda pública y privada, pero tiene que ir acompañada de nuevos gestores", advierten fuentes cercanas al comité de empresa.
La presidenta de Duro Felguera, Rosa Aza, asegura que en 2025 la compañía habrá devuelto todas las ayudas públicas
El pasado mes de julio el comité de empresa exigió al consejo de administración la salida del consejero delegado de la compañía. José María Orihuelas "tiene enfrentados a la plantilla, a los directivos; los bancos no le cogen el teléfono y ha metido a Duro Felguera en litigios en medio mundo, no puede seguir", dijeron entonces.
Las fuentes consultadas subrayan que desconfían de las previsiones económicas expuestas por la presidenta en su reciente carta. En ella, Rosa Aza anticipa para el año 2025 una cifra de negocio de unos 623 millones de euros habiendo devuelto "todas las ayudas públicas".
También recuerdan que los bancos acreedores han mostrado la misma desconfianza hacia el consejero delegado. La multinacional española lleva unos meses intentando, sin éxito, refinanciar 85 millones de euros de deuda con la banca acreedora, liderada por Santander.
"Cada empresa que salvemos ahora, que merezca la pena ser salvada, hará más fácil la recuperación después", dijo ayer jueves Ana Botín, presidenta del primer banco español en un foro organizado por la Cámara de Comercio de España.
