La Generalitat Valenciana se encuentra en una situación límite en el ámbito financiero. La caja de la Administración autonómica está sin margen de maniobra después de tener que abordar diversos contratos de emergencia para la reconstrucción de las zonas afectadas por la triple riada del pasado 29 de octubre y aprobar cuantiosas ayudas directas para los afectados.
Esa falta de oxígeno está directamente relacionada con dos circunstancias: una estructural y otra sobrevenida. La estructural es el déficit de financiación autonómica y la coyuntural, pero muy severa, es la necesidad de afrontar económicamente los daños ocasionados por la DANA.
El único balón de oxígeno que puede recibir la Generalitat Valenciana son los fondos no reembolsables que le ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez tomando como referencia los recibidos durante la pandemia de Covid con Ximo Puig en la Presidencia de la Generalitat.
Montero no cede
La negativa del Gobierno de Sánchez a dar esos fondos, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es inamovible por el momento. La vinculación de la llegada de esos fondos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es el argumento ofrecido por Montero en su respuesta a las dos misivas que le envío la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino.
La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, dejó claro ayer que estas conversaciones prosiguen pero que, de momento, no están dando frutos. "La situación era complicada antes de la DANA, ya éramos la Autonomía peor financiada y llevamos peleando para tener una financiación justa desde hace demasiado tiempo".
"Ahora, en un golpe como este hay que invertir todos los recursos posibles en las personas y las empresas afectadas. Ha habido negociaciones con el Gobierno de España, las hay y las habrá durante los próximos días, par ver cuál es la respuesta del Gobierno de España respecto a permitir que las ayudas que se necesita que lleguen a las familias".
Camarero también reconocía la difícil situación de "la caja de la Generalitat" y también recordaba que "desde la primera semana solicitamos al Gobierno 31.000 millones de euros por los gastos –que irán aumentando– para cubrir las necesidades de la Generalitat y de los municipios".
Abocados a más deuda
Y es que el Gobierno valenciano ha dado en ayudas directas más de 490 millones de euros y ayer mismo aprobó nuevos contratos de emergencia por valor de 47 millones de euros que desde el día siguiente del paso de la DANA han abarcado reparaciones en el ferrocarril, carreteras o limpieza con "un coste elevadísmo", advertía la número 2 de Carlos Mazón.
La petición reiterada, sin eco en el Gobierno, es que Sánchez "contribuya al pago de esos gastos y que la Generalitat tenga el crédito necesario para hacer frente a los mismos. Esperamos que la responsabiidad se demuestre", retaba Camarero.
Si no cambia el argumento del Ejecutivo central (que está dando ayudas directas, créditos ICO y pagos a través del Consorcio de Seguros), la Generalitat Valenciana liderada por Carlos Mazón no tendrá esos fondos necesarios y todo tendrá que ir a cargo del déficit y endeudamiento de la Administración autonómica que ya pasa por ser la segunda más lastrada de España en términos absolutos y la primera en relación a su Producto Interior Bruto.
El propio Gobierno de España ha recibido este tipo de ayudas de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que –a fecha del pasado 30 de junio– era de 47.962 millones de euros en transferencias no reembolsables, lo que equivale al 60% del total de pagos incluidos en el plan que asciende a 79.854 millones de euros.
A la espera de Presupuestos
Pedro Sánchez sí abrió la mano en la época post-covid con modificaciones de crédito para permitir transferencias no reembolsables a las Autonomías sin poner como excusa la aprobación previa de los Presupuestos Generales del Estado.
La negociación para la aprobación de las cuentas estatales para 2025 aún está verde y este hecho sólo retrasará más la llegada de una liquidez necesaria para afrontar la reconstrucción.
La realidad paralela del pulso político y las necesidades ciudadanas quedó patente ayer en el Congreso de los Diputados donde alcaldes de las localidades afectadas pidieron a las Administraciones agilidad en la tramitación de las ayudas.
El cálculo político, sin embargo, parece ir por delante en la relación Gobierno-Generalitat y eso pone en peligro servicios públicos fundamentales que presta la Administración autonómica valenciana y que si eleva sus niveles de endeudamiento en los próximos meses pueden sufrir un serio deterioro.
Presupuesto elaborando para enero
cayena
04/12/2024 03:57
Pero con qué derecho el PSOE se hace dueño y señor de un dinero público que está para servir al pueblo y más en una situación de alarma nacional evidente. Panda de desalmados miserables.
esnalar
04/12/2024 10:14
"Si necesitan algo, que lo pidan". Que yo no se lo daré. ¡Ale, valencianos, a seguir pensando que el socialismo es algo bueno para vuestro cuerpo!