El despeje de balón que ha hecho este martes el Consejo de Asuntos Generales de la UE con la propuesta del Gobierno de incluir el catalán, el euskera y el castellano como lenguas oficiales de la Unión no ha sido ninguna sorpresa. Cualquier cuestión farragosa puede tardar meses o años en resolverse en la UE, y más si debe pasar por el laberíntico trámite de la burocracia europea, tal y como será el caso de la petición de España que pasa ahora a manos de los servicios jurídicos comunitarios para que elaboren un informe sobre este asunto, además de una estimación de costes, antes de someter a debate y votación una posible modificación del reglamento lingüístico de la Unión.
Tras una discusión de poco más de media hora entre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y los representantes de los 27, la decisión se ha aplazado sine die. "El Consejo de Asuntos Generales seguirá ocupándose del asunto", han afirmado los países en sus conclusiones conjuntas sin apuntar nada más específico en cuanto a fechas ni mencionar algunos de los ofrecimientos de Albares para convencer a sus socios a última hora, como priorizar el catalán para no introducir tres lenguas a la vez o que España sufrague el coste de esta iniciativa. Este resultado ha dejado planear la duda sobre si se podría resolver a tiempo para una hipotética investidura de Pedro Sánchez que, como tarde, se produciría a finales del mes de noviembre pero, en respuesta a esta cuestión, los expertos comunitarios consultados por Vozpópuli se muestran tajantes y dejan claro que el presidente en funciones no estará en condiciones, "de ninguna manera", de presentarse ante el Congreso habiendo cumplido esta exigencia. "No es algo que se haga en dos semanas", explica una funcionaria del Consejo de la UE que remarca, además, su sensación de que en Moncloa sabían perfectamente que alcanzar el objetivo planteado por Puigdemont con tanta premura era una quimera.
Hacer estudios legales, administrativos y financieros sobre la introducción de tres lenguas será una tarea ardua que involucrará a "decenas de funcionarios", explica otro veterano funcionario que pasó una larga etapa profesional en el entorno de los servicios legales de las instituciones europeas. "A lo largo del proceso pueden surgir dudas y situaciones que provoquen nuevas consultas y retrasos", explica. Y al final del camino, cuando ya estén presentados los informes y cuando hayan sido estudiados por los países, la decisión será, en cualquier caso, política. "Los informes institucionales no suelen decantar balanzas. Quien tenga clara su posición desde el principio no la va a cambiar porque sea más o menos sencillo o más o menos caro llevar a cabo una propuesta", recuerdan las fuentes consultadas.
Las prisas del Gobierno
Desde el Gobierno defienden que se han seguido los pasos adecuados al enviar una carta en agosto y tantear a los Estados miembros antes de plantear la inclusión de las tres lenguas en una discusión oficial de un Consejo formal en el que participan los ministros, o secretarios de Estado de Asuntos Europeos de los 27. A nadie se le escapa, además, que ha aprovechado la presidencia de turno del Consejo de la UE que ostenta en este semestre para introducir esta materia por la vía rápida en el primer punto del orden del día de la reunión de este martes, monopolizando parte del debate y provocando reacciones previas de varios países, como Finlandia o Suecia, que ya mostraron en días anteriores sus reticencias y dieron claros indicios de que a Albares no le esperaba una alfombra roja en Bruselas con este tema. Dudas que también han mostrado países importantes, como Francia, Italia o Alemania y que fueron secundadas por más socios europeos en la reunión.
Sin embargo, las fuentes consultadas muestran su escepticismo sobre la voluntad real del Gobierno por no haber realizado más consultas internas a nivel institucional. "Han hecho lo que tenían que hacer de cara a la galería para mostrar sus intenciones", afirman, "pero la realidad es que no se han presentado más documentos ni hecho trámites que hicieran pensar que esto se podía aprobar ya". Así lo demuestra también que menos de una semana antes del Consejo, desde Exteriores se despreciaran dudas planteadas por la prensa sobre quien iba a asumir el coste que iban a suponer traducciones e interpretaciones, una cuestión que, a la vista de las preguntas de varios países, ha tenido finalmente mucha más relevancia que la que aparentemente anticipaba el propio Gobierno que, a última hora, se ha ofrecido a sufragar lo que haga falta para lograr la oficialidad de las tres lenguas.
El precedente del gaélico
Aunque la Unión Europea, tal y como dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, busca ya su próxima ampliación con la inclusión de países del Este y de los Balcanes, con sus lenguas correspondientes, ese horizonte parece demasiado lejano como para tratar de incluir en un posible cambio de los Tratados que se tendría que llevar a cabo con ese motivo la inclusión del catalán, del euskera y del gallego. "Parece poco verosímil, no solo por la lejanía del momento, también por el encaje normativo", explican las fuentes.
Los expertos consultados también creen que la inclusión del gaélico como lengua oficial en la UE por parte de Irlanda tampoco es un precedente tan evidente para España como se ha trasladado en los últimos días en parte de los medios de comunicación. "El gaélico es una lengua oficial de un Estado miembro y ese es un estatus que no tienen, a día de hoy, el catalán, el gallego o el euskera", explican, en referencia a la cooficialidad de la que gozan en este caso en España estas tres lenguas. Además, el gaélico ha tenido una "consideración de lengua propia de Irlanda" dentro de la UE ya que el inglés, mayoritariamente practicado en el país, ya tenía estatus de lengua oficial a través del Reino Unido, por lo que el encaje dentro de la norma de "un Estado, una lengua" también era evidente cuando lo solicitaron desde Dublín.
Desde la entrada de Irlanda en la UE en 1973, los Tratados se tradujeron al gaélico, aunque no fue hasta 2005 cuando se llevó a cabo la solicitud para convertirlo en lengua oficial. Cabe recordar que el proceso duró dos años hasta que en 2007 se aprobó por unanimidad, tal y como estipulan las normas del Consejo. Una unanimidad que, en el caso de España, se antoja, a día de hoy, imposible a la vista de las importantes reticencias manifestadas por varios países a pesar de que, como indició el propio Albares el martes, ninguno ha vetado abiertamente la propuesta.
