Nuevo episodio en la polémica por la gestión del despliegue ante la catástrofe de Valencia, que ya alcanza 215 víctimas mortales tras el paso de la DANA del pasado 29 de octubre. En este caso, son guardias civiles los que recurren a la Justicia por la gestión de las competencias efectuada por el Ministerio del Interior, al entender que se atribuyeron capacidades a la Policía Nacional que deberían competer al Instituto Armado.
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio del Interior que "busca la anulación de la reciente decisión de reasignar competencias de la Guardia Civil a la Policía Nacional" en varias localidades de Valencia afectadas por la DANA. Según apunta la asociación, estas localidades incluyen La Torre, Horno Acedo, Sedaví, Benetússer, Alfafar (incluido el centro comercial MN4) y Massanassa. Según Jucil, "esta modificación no solo carece de justificación, sino que es contraria a Derecho por razones formales".
Agustín Leal, secretario de Comunicación de Jucil, destaca la preocupación de la asociación ante una “decisión que se ha tomado sin una base jurídica sólida, ignorando tanto las competencias propias de la Guardia Civil como los principios de transparencia y de legalidad que deben regir en cualquier actuación administrativa”. La asociación denuncia que "la modificación de competencias, comunicada solo a través de una nota de prensa del Ministerio, ha puesto en riesgo la seguridad de los guardias civiles y la operatividad de sus unidades en las áreas afectadas".
La asociación considera que el proceso de reasignación ha sido "opaco y precipitado", puesto que "no existe constancia de un acuerdo formal ni de su debida comunicación por medios oficiales, como exige la legislación administrativa". La asociación considera que según la normativa vigente la Guardia Civil debe encargarse de estas zonas, al no tratarse de una capital de provincia y dado que el Instituto Armado "dispone de los recursos humanos necesarios para cubrir adecuadamente estas localidades, contando además con una gran cantidad de efectivos voluntarios que estaban disponibles para reforzar su trabajo en la zona".
Medidas cautelares
“Es innecesario e injustificado relevar a nuestros compañeros en estas funciones, especialmente cuando estaban plenamente operativos y preparados para hacer frente a las necesidades de seguridad tras la DANA”, ha señalado Agustín Leal.
Jucil ha solicitado la adopción de medidas cautelares que suspendan la decisión del Ministerio del Interior hasta que el recurso sea resuelto en los tribunales. Según Leal, “no hay justificación ni en términos de operatividad ni de personal para esta reasignación, y es fundamental que se respeten las competencias históricas y legales de la Guardia Civil en su ámbito territorial. Desconocemos qué criterios y qué informes pueden existir, en su caso, para justificar esta medida, que deberán ser aportados al procedimiento”.
Jucil ha subrayado el impacto que esta decisión tiene en la estructura de la Guardia Civil, ya que, "al retirar a los guardias civiles de sus funciones en estas localidades, se alteran los despliegues territoriales y se dificulta la organización del cuerpo en la provincia". Y asegura que sus miembros han cubierto estas áreas "de manera continuada y con gran esfuerzo durante la emergencia causada por la DANA": "La solicitud de suspensión cautelar se ha solicitado en forma que no afecte a las labores desarrolladas en la zona, mediante la sustitución del personal de la Policía Nacional por el de la Guardia Civil, en un plazo máximo pero razonable".
