La última exigencia planteada por ERC al Gobierno de Pedro Sánchez evidencia -a ojos de mandos policiales- que el separatismo mantiene su fijación hacia las fuerzas de seguridad; principalmente, Policía Nacional y Guardia Civil. En un contexto de negociaciones para tratar de salvar los próximos presupuestos generales, las fuerzas independentistas, clave en la mayoría parlamentaria de Sánchez, lanzan sus peticiones. La última de ellas, que verdes y azules se queden fuera del sistema de Emergencias en Cataluña. "Todo esto contribuye a un mayor clima de hostilidad hacia nosotros", apuntan mandos de ambos cuerpos.
“Reviertan el despropósito de los acuerdos del 112 de la Junta de Seguridad de la semana pasada o no cuenten con nosotros”. El ultimátum procede de Josep Maria Jové, líder de ERC en el Parlament de Cataluña. El entendimiento es claro: o Policía Nacional y Guardia Civil se quedan al margen del sistema de Emergencias 112 en Cataluña, o los republicanos no darán su apoyo a los Presupuestos.
Toda una declaración de intenciones, teniendo en cuenta los antecedentes en la materia. Cabe recordar que Cataluña, bajo el Gobierno de Salvador Illa, acaba de articular la incorporación de Policía y Guardia Civil a Emergencias 112; un éxito bajo el entendimiento de los socialistas, pero una ofensa y síntoma de “españolización” para el separatismo.
Fuentes policiales consultadas por Vozpópuli manifiestan su “preocupación” por saberse en el ojo del huracán político. Consideran poco probable que el Gobierno rectifique en la incorporación de ambos cuerpos al sistema catalán. No obstante, los mandos no se muestran “cómodos” al ser protagonistas en las negociaciones.
Inmigración y Layetana
Recuerdan que éste no es el único frente planteado por los independentistas. Junts exige la cesión en competencias migratorias; especialmente en puertos y aeropuertos, lo que supondría la retirada de un número significativo de agentes de la Guardia Civil y, también, de la Policía Nacional. Además exigen que Cataluña se quede fuera del reparto de inmigrantes irregulares que llegan a territorio nacional, principalmente a Islas Canarias.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska desmintió recientemente las últimas informaciones que apuntaban una cesión en estas competencias: “El Ministerio del Interior y el Departamento de Interior y Seguridad Pública de Cataluña niegan que exista un acuerdo para la cesión a los Mossos d’Esquadra de las competencias de protección de las personas y bienes y del mantenimiento del orden público en puertos y aeropuertos, que corresponden en la actualidad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, apuntó en un comunicado.
Los mismos mandos policiales también ponen encima de la mesa la exigencia del separatismo catalán de expulsar a la Policía Nacional de la Jefatura Superior, en la céntrica Vía Layetana de Barcelona, para reconvertirlo en un centro memorial contra la tortura en el franquismo. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado a favor de la resignificación del espacio, pero a través de un elemento visual como una placa o señal, sin que suponga la salida de los agentes.
Como en el caso anterior, basta con tirar de hemeroteca para encontrar la posición del Ministerio del Interior respecto a Vía Layetana. En todo momento se ha mostrado contrario a cualquier tipo de decisión que suponga el fin de la actividad de la Policía Nacional en este espacio, así como a un hipotético traslado a otras dependencias ubicadas en otro punto de la ciudad.
No obstante, mandos policiales recuerdan que hay decisiones que superan las de un determinado Ministerio. Recuerdan que el Gobierno de Pedro Sánchez ya pactó con el separatismo la ley de amnistía, en contra del criterio de una parte significativa de la representación parlamentaria. O que también se concedió al PNV la expulsión del Ejército de los cuarteles de Loyola, en San Sebastián, pese a que Defensa siempre se había mostrado favorable a permanecer en esta ubicación.
Las altas esferas de la Policía y de la Guardia Civil saben que, para el separatismo, son una de las cartas principales en el tablero de negociación. Y que estos partidos tienen la llave de la gobernabilidad y de los Presupuestos. No sólo les preocupa que puedan convertirse en moneda de cambio -Moncloa lo ha rechazado en varias ocasiones-, sino que esta ofensiva política se traslade a un clima de mayor hostilidad hacia las fuerzas de seguridad en Cataluña.
