El decano del ICAM, sobre la filtración que acecha al fiscal general: "Dilapida el derecho a la defensa"

Tras un año marcado por la reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la aprobación de la ley de amnistía, los ataques a los jueces perpetrados por algunos miembros del Gobierno y la sombra de la imputación sobrevolando la figura del fiscal general, Eugenio Ribón hace balance del curso anterior y da la bienvenida, "con entusiasmo", al inicio del año judicial.

Con la imagen de la patrona de la Abogacía de Madrid, Inmaculada Concepción, tallada en una escultura recién restaurada de fondo, el decano del Ilustre Colegio de Abogados concede una entrevista a Vozpópuli, en su despacho de la sede de Serrano 9. El letrado desarrolla los principales retos a los que se enfrenta la abogacía madrileña en los próximos meses y en la que analiza algunas de las consecuencias que tiene para la ciudadanía del deterioro del Estado de Derecho en España.

Pregunta: Tras un año marcado por el conflicto político, ¿cómo habéis recibido la renovación del CGPJ?

Respuesta: La renovación del Consejo del Poder Judicial era una renovación inaplazable. Ya no es que se haya recibido con entusiasmo, sino que se ha recibido casi con alivio y, al mismo tiempo, esperanzados por una nueva etapa de renovación en el Consejo, de cobertura de tantísimas vacantes que ya se venían produciendo. Ello unido a un discurso de la nueva presidenta en el que ponía en valor la imprescindible independencia judicial y la debida separación de poderes... marca un rumbo que debe ser el que confiamos que se siga en los próximos años.

P: ¿Cómo afectan los ataques a jueces y fiscales a la calidad del Estado de Derecho?

R: La calidad del Estado de Derecho es algo que no debe darse por supuesto en ningún momento, ni tampoco la perpetua salud de las democracias. Las democracias no mueren de golpe. Las democracias se van debilitando, van enfermando y se van minando conforme se produce una concentración de poderes y la injerencia de un poder sobre el otro. En los últimos tiempos, hemos visto precisamente esa injerencia en el poder judicial.

En los últimos meses hemos visto unos ataques nunca contemplados ni imaginados por parte de altísimas instituciones del Estado al poder judicial. Hemos visto también una injerencia del máximo nivel de la Fiscalía que devalúa la credibilidad de la institución. Cuando estas instituciones se ponen al servicio de unos concretos intereses, el ciudadano pierde la credibilidad en la institución, si eso ocurre, estamos en una quiebra fundamental de nuestra democracia.

P: ¿Este sería el caso de la filtración de Fiscalía en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso?

R: Una de las piedras esenciales sobre las que se configura el Estado de Derecho es el derecho a la tutela judicial efectiva. Y el derecho a la tutela judicial efectiva se asienta a su vez sobre la defensa letrada. Cuando la defensa letrada actúa tiene que mantenerse dentro de un halo de garantías entre los que se incluye el secreto profesional. Cuando ese secreto profesional se quiebra, estamos hablando de la dilapidación del derecho a la defensa. Y por esa razón el Colegio de la Abogacía de Madrid, en este caso concreto, como lo hubiera hecho en cualquier otro con la misma relevancia pública o sin ninguna, sea de un signo político o sea de otro, intervino llevándolo a los tribunales.

P: ¿Qué podría ocurrir con el fiscal general?

R: De momento, lo que ha ocurrido es elocuente con la existencia de unos indicios serios de delito. El Colegio de la Abogacía, en primer lugar, al desconocer cuál podría ser la autoría final, lo que hizo fue presentar la correspondiente denuncia. Al hilo de la instrucción se fue cercando a la fuente de donde provenían esos indicios y se fue concretando en una figura sin precedentes, como es la propia Fiscalía General del Estado.

"Estamos en un momento crítico en el que hay que reivindicar la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes ya que, en definitiva, es lo que fortalece el Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho es fuerte, los ciudadanos tienen mayores garantías".

Pregunta: ¿Es un buen momento para volver a poner sobre la mesa el debate de trasferir las instrucciones a los fiscales?

Respuesta: Yo creo que la Fiscalía sigue teniendo una extraordinaria buena proyección. Sabemos de la profesionalidad de sus integrantes, sabemos de su independencia y, quizás, donde se ha devaluado esa imagen por la posible injerencia que se haya producido, es en los estamentos de máxima dirección. Es crucial que la Fiscalía mantenga su independencia y que mantenga aquellos fines que el Estatuto del Ministerio Fiscal les ha conferido. En definitiva, la defensa de la legalidad desde ese prisma esencial de independencia.

P: ¿Cómo valoráis que el fiscal general defienda limitar la actuación de las acusaciones populares, cuando, esta figura ha dado lugar a que se inicie un procedimiento que puede acabar con su imputación?

R: La concurrencia de circunstancias en una determinada coyuntura temporal invita a pensar que quizás no fuera el momento más idóneo para someterse. Por otra parte, compete al legislativo si hay que proceder a una modificación de la norma y no, seguramente, a quienes somos servidores de la aplicación de aquella. Además, ya existen mecanismos de contrapeso para aquellas situaciones en las que se puede producir un abuso de derechos.

P: ¿Qué opinión le merece que PP y PSOE hayan llegado a un acuerdo para limitar las puertas giratorias en Justicia?

R: Las puertas giratorias deben estar limitadas por un principio esencial no solo de independencia, sino también de credibilidad ciudadana. Si queremos defender la independencia y la separación de poderes, tiene que haber un periodo de barbecho suficiente para asegurar que no hay una correa de transmisora viva de un poder hacia el otro poder.

No obstante, el pacto para la renovación del Consejo del Poder Judicial, desde la abogacía no podemos ser sino absolutamente críticos, puesto que pese al esfuerzo que ha supuesto la renovación, lo cierto es que de modo súbito y sin ningún tipo de precedente se ha excluido a uno de los operadores jurídicos cruciales en ese Consejo General del Poder Judicial. El abogado o la abogacía, ha sido excluido de ese Consejo General. Por lo tanto, es un Consejo asimétrico.

"Tenemos serias dudas de que la Ley de Amnistía tenga encaje constitucional. Es una quiebra, en principio, difícilmente asumible conforme al principio de legalidad y el principio de igualdad".

Pregunta: Otro de los temas de este año ha sido la aprobación de la Ley de Amnistía. ¿Qué pasará en Europa?

Respuesta: El Colegio de la Abogacía de Madrid ha sido crítico o, por lo menos, ha expresado sus serias dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Los expertos constitucionalistas ya han alertado sobre esas posibles quiebras de nuestros principios constitucionales. Asimismo, el colegio también tuvo ocasión de reunirse con las más altas instituciones de la Unión Europea, tanto la Comisión Europea como con el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el Parlamento para expresar esas dudas. A partir de ahí, serán los tribunales los que tengan que decidir la adecuación de la norma o no a esos principios.

P: Vimos vuestra propuesta de traspaso al RETA, ¿qué recibimiento ha tenido entre los mutualistas?

R: El documento desciende medidas muy concretas para que desde la óptica política sea posible ese tránsito. Lo que el colegio quiere manifestar es la gratitud a todos aquellos que han hecho contribuciones constructivas y posibilistas al problema de los mutualistas. Agradecerles también la puesta a disposición del colegio de esas aportaciones y de esos informes. Ahora, lo importante es trasladar juntos al Ministerio esa necesidad de una modificación normativa urgente que no admite dilaciones .

P: ¿Y los abogados del turno de oficio?

R: En el ámbito de la abogacía de oficio hay muchas carencias todavía que solventar. Es verdad que los baremos aún insuficientes en ambos casos han experimentado una mejora cuantitativa que hay que reconocer en el ámbito de la Comunidad de Madrid, sin embargo, permanecen congelados en lo que corresponde al Ministerio de Justicia.

P: Para terminar, ¿cómo afrontáis el inicio de año?

R: Se afronta con muchos retos y muchas ilusiones. En primer lugar, se incorpora la posibilidad de que el Colegio tenga la posibilidad del voto telemático. Otro reto, que va a ser histórico en el Colegio de la Abogacía de Madrid y a nivel internacional en la abogacía, es la posibilidad de que los colegios se conviertan en un centro universitario adquirido en el colegio profesional. Nace ICAM Universidad. Con ello los colegiados van a tener también el marchamo, el sello y la cualificación de un sello universitario, nuevos programas de posgrado. Hay mucho talento en la abogacía.