España

Sumar presiona al Gobierno para llevar ante la Fiscalía a cuatro empresas ferroviarias por sus negocios con Israel

El diputado Enrique Santiago registra una iniciativa en el Congreso sobre las actividades empresariales suscritas por compañías españolas con Israel

  • El humo se eleva en el lado israelí durante el intercambio de ataques entre el ejército israelí y terroristas de Hamás -

El secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a trasladar a la Fiscalía la actividad de cuatro empresas ferroviarias por sus negocios con Israel, tal y como consta en el documento consultado por Vozpópuli. Considera que los emplazamientos donde se desarrollan los proyectos están "ocupados" de forma ilegal y que podrían ser considerados como un delito tipificado en el Código Penal, en el título dedicado a los delitos contra la comunidad internacional.

El diputado de Sumar pone el foco en las empresas COMSA Corporación, CAF, GMV y TYPSA. Enrique Santiago asegura que la primera de ellas "acaba de ganar una licitación de las autoridades israelíes" para la construcción de la Línea Azul del tren ligero "que une el Jerusalén israelí con asentamientos ilegales en Cisjordania, como Gilo". Sobre CAF, GMV y TYPSA afirma que ya participan en la construcción de las líneas roja y verde, "que incluyen paradas en las colonias ilegales israelíes en otras zonas ocupadas de la Cisjordania palestina".

"De esta forma -recoge la iniciativa registrada en el Congreso por el diputado de Sumar-, el proyecto del tren ligero en Jerusalén conecta partes controladas por Israel con asentamientos considerados ilegales por España, la Unión Europea, Estados Unidos o por la propia ONU".

Enrique Santiago afirma que estos proyectos ferroviarios "vulneran la legalidad internacional" y no respetan el Derecho Internacional Humanitario relacionado con los conflictos armados. También alega que se vulneran los derechos humanos debido a la "apropiación" de terrenos palestinos "bajo ocupación israelí". Una actividad -considera- que facilita la "colonización y traslado de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado".

El diputado de Sumar asegura que ha tenido acceso a una carta del Gobierno palestino remitida al ministro de Industria, Comercio y Turismo español, dirigido en funciones por Héctor José Gómez Hernández, y con fecha previa a la adjudicación al proyecto de COMSA. En la misiva se urgiría al Gobierno español a "tomar acciones inmediatas y medidas" para exigir a las empresas ferroviarias a suspender y retirar sus proyectos suscritos con Israel.

Las preguntas de Sumar

Por todo ello, Sumar pregunta al Gobierno si considera que los proyectos de estas empresas ferroviarias con Israel "vulneran la legalidad internacional". También solicita una aclaración sobre si "ha informado" a "los ejecutivos y miembros de los consejos de administración" de estas compañías de las "consecuencias legales de carácter penal" que podrían tener sus actuaciones.

Es en este punto donde cita "los artículos 608 y siguientes" del Código Penal, recogidos en el título dedicado a los delitos contra la comunidad internacional. En concreto, la referencia recogida por Enrique Santiago en su iniciativa apunta los delitos "contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".

Así, el representante de Sumar plantea al Gobierno si ha trasladado a la Fiscalía española alguna petición para que "examine las responsabilidades de dichos ejecutivos y miembros de los consejos de administración" de las empresas ferroviarias por los proyectos desarrollados por Israel. En un último apartado, Enrique Santiago interpela al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que adopte las medidas necesarias para que empresas españolas -además de las ferroviarias, cita a OSSA o eDreams- "cesen en sus actividades ilegales en los territorios palestinos ocupados y en Jerusalén de manera particular".

Crisis con Israel

La diferencia de opiniones entre los miembros que integran el Gobierno de coalición ha suscitado un hondo malestar en el Gobierno de Israel. Los representantes de Sumar y de Podemos, a través de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra en funciones de Derechos Sociales, Ione Belarra, han manifestado su apoyo a Palestina en diversas ocasiones.

Belarra ha sido la más contundente en sus consideraciones, al exigir que Benjamin Netanyahu sea llevado ante la Corte Internacional de Justicia por "crímenes de guerra" y que la comunidad internacional embargue la venta de armas a Israel. Cabe destacar que, como desveló este diario, el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos ha dado luz verde a 147 licencias para la exportación de armamento rumbo a Israel, por un valor de 40 millones de euros.

La embajada de Israel en España emitió un duro comunicado donde denunciaba que "ciertos elementos dentro del Gobierno español han optado por alinearse con este terrorismo tipo ISIS [en relación a la actividad terrorista de Hamás]". El titular de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, aseguró que la polémica estaba "zanjada" y que únicamente tienen potestad en cuestiones diplomáticas su propio Ministerio o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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