El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, última el cierre de la instrucción del caso de las denominadas 'tarjetas black' y así lo ha reflejado en un auto donde acuerda una nueva batería de diligencias "encaminadas a preparar el juicio oral".
En concreto, el instructor ha solicitado a la antigua Caja Madrid, rebautizada como Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid, copia de todas las "actas de reuniones de la Comisión de retribuciones" de la entidad desde su creación hasta el 1 de enero de 2006.
El juez solicita en su oficio a la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid que le entregue los datos "a la mayor brevedad posible"
Asimismo, en el auto fechado el pasado lunes, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Andreu libra también un oficio a la Fundación para que "a la mayor brevedad posible" le facilite al juzgado todas las actas de las reuniones de la Comisión Ejecutiva celebradas entre los años 2003 y 2009 "en las que se haya tratado el tema de remuneración de los Altos Directivos de la Caja, así como copia de "las reuniones del Consejo de Administración donde se hayan trasladado y validado los acuerdos de la Comisión Ejecutiva relativa a la remuneración de los alto directivos de la Caja".
El instructor ha acordado la práctica de estas diligencias a instancias de la defensa de Enrique de la Torre, quien fuera secretario del Consejo de Administración de Caja Madrid en la época en que Miguel Blesa presidió la entidad, entre los años 1996 y 2011.
Administración desleal y apropiación indebida
De la Torre, que cargó 320.000 euros con sus tarjetas black, culpó el pasado mes de marzo durante su declaración judicial ante el instructor a Blesa y el exdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, del sistema de las tarjetas opacas. Del expresidente Miguel Blesa dijo que era la persona encargada de fijar los límites de las 'black' mientras que de Sánchez Barcoj sostuvo que fue él quien instaló "su operativa".
En esta pieza separada del caso Bankia, el juez Fernando Andreu mantiene imputados a un total de 67 consejeros de Caja Madrid y Bankia que contribuyeron con sus gastos a cargar los 15,5 millones de euros a dichas entidades entre los años 1999 y 2012. A todos ellos se les investiga por delitos de apropiación indebida y administración desleal.
Fuentes jurídicas consultadas sostienen que tanto el instructor como el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón pretenden finalizar con la instrucción de este procedimiento judicial antes de que acabe 2015. De hecho, el propio Andreu reconoce en el auto que "las diligencias a practicar se encuentran comprendidas dentro de las actuaciones encaminadas a preparar el juicio oral".
