El envío a talleres de El Intermedio durante los meses de verano ha reavivado el debate sobre las presiones que reciben las televisiones por parte del Gobierno. La repentina retirada del corrosivo programa del Gran Wyoming ha levantado suspicacias en una buena parte del sector audiovisual, que sabe que, a medida que se acercan las elecciones generales, se multiplican las llamadas que estas empresas reciben desde Moncloa y desde Ferraz, bien para dejar constancia del malestar existente por algún contenido emitido en sus cadenas, bien para sugerir cómo se debe abordar un determinado asunto o bien para recomendar que algún contertulio incómodo no se siente en las mesas de debate político.
Tanto desde Atresmedia como desde Globomedia, productora de El Intermedio, niegan tajantemente que el cese temporal de las emisiones de este programa se deba a las presiones ejercidas por el Ejecutivo ante la inminencia de la cita electoral. Aseguran que es una decisión meramente empresarial que se tomó como consecuencia del “bajón” de audiencia que había experimentado este espacio en los veranos anteriores, cuando su presentador se fue de vacaciones. Pero ninguna de las compañías del sector, consultadas por este medio, niega que los poderes políticos y empresariales españoles traten de influir en sus contenidos de una forma más o menos elegante. Porque es algo que, según afirman, ha ocurrido siempre.
Ahora bien, en el sector existe cierta perplejidad por el “excesivo maltrato” que han sufrido las televisiones desde Moncloa a raíz del éxito de Podemos en las pasadas elecciones europeas. Es sabido que en los despachos el palacio presidencial se les culpa de haber dado a la izquierda radical el impulso que necesitaba para germinar en España, a sabiendas de los peligros que eso suponía para el sistema. Todo, por mejorar sus datos de audiencia e incrementar sus beneficios.
La resolución del concurso por el que se repartirán seis licencias de la TDT tendrá lugar a pocos días de las elecciones generales
Fuentes de estas empresas niegan estas acusaciones y aseguran que en sus informativos y programas de debate están representadas todas las fuerzas políticas. Pero van más allá, pues recuerdan que desde Génova 13 hace tiempo que se tomó la decisión de apartar a los cargos del partido de los programas de debate de Cuatro, Telecinco, Antena 3 y La Sexta. De esconderlos para que no hicieran frente a las molestas preguntas sobre las decisiones del Gobierno y los casos de corrupción de los populares. “¿Cómo se va a oír su opinión más que la de Podemos si unos sí que han estado en las tertulias y ellos no han querido venir?”, explican.
Lo que está claro es que el Ejecutivo no se preocupa en exceso por disimular este tipo de presiones. De hecho, algunos de sus miembros han expresado en público su malestar con Atresmedia y Mediaset por su línea crítica con el PP. El propio Mariano Rajoy les ha atribuido una buena parte de la culpa por el varapalo electoral sufrido por su partido el pasado 24 de mayo. Y un miembro de su gabinete deslizó recientemente la idea, en un encuentro con periodistas, de que el "martilleo" al que estas empresas han sometido al Gobierno podría perjudicar a estas televisiones en el próximo reparto de licencias de TDT.
El polémico reparto de licencias de TDT
Desde que se convocó este concurso, han sido varias las voces que se han alzado para criticar que Moncloa haya decidido resolverlo en octubre, previsiblemente durante la campaña electoral. De esa forma, opinan, se asegura de que estas empresas no eleven la voz contra el Partido Popular más allá de lo necesario. De lo contrario, podrían salir malparadas y perder la situación dominante de la que gozan en la TDT española.
Las empresas niegan que este tipo de acciones hayan condicionado los contenidos de su parrilla. El negocio es el negocio. Ahora bien, sospechan que su negativa a cancelar sus programas más polémicos puede perjudicarles en este concurso. Eso sí, fuentes de estas compañías recuerdan que el pliego de bases de este procedimiento público deja claro que estos permisos de emisión se adjudicarán a los proyectos más competitivos, por lo que, en caso de que se produjera un "pucherazo", sería muy fácil impugnar su resultado y revocar el dictamen.
Coacciones desde fuera de Moncloa
Las llamadas que reciben las televisiones privadas no sólo proceden del Ejecutivo. De hecho, los nuevos partidos también efectúan artimañas para salir bien parados en pantalla, "a pesar de predicar lo contrario". El propio Pablo Iglesias se ha negado a compartir un debate con determinados contertulios e incluso ha rechazado aparecer en determinados medios de comunicación contrarios a su ideología. "Esta última estrategia quizá no es tan llamativa como una llamada para presionar. Pero ese desprecio, ese establecimiento de listas de amigos y enemigos en el sector también es una forma muy común de coacción", explican fuentes de las televisiones.
Estos informantes también fijan su vista en Televisión Española, donde los partidos de izquierda y los sindicatos tradicionalmente han hecho valer su fuerza para incluir o excluir del Telediario o de los programas de debate determinadas opiniones e informaciones. "No es ni mucho menos infrecuente que emprendan campañas contra un determinado periodista, programa o contertulio. Y suelen tener éxito, pues su influencia en Torrespaña es muy grande y generan mucho ruido cuando quieren", lo que, sin duda, condiciona los contenidos que se emiten en la pública, concluyen.
