Según han informado a Efe fuentes jurídicas, responsables de la empresa se dirigieron al fiscal del caso, Marcelo Azcárraga, para trasladarle su postura en la investigación del fraude que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. En esa reunión, le explicaron que las empresas que en España instalan los motores en los coches Seat no pueden, de acuerdo a una cláusula contractual, tocar dichos motores ni el programa informático que los controla y ellos se limitan a ponerlos en los vehículos. Añadieron al fiscal que no sabían que estaban trucados.
Azcárraga está en contacto con las diferentes fiscalías de los países donde hay procedimientos abiertos a raíz del fraude, como Alemania, Francia, Italia, Portugal o Polonia, aunque será la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust) la que finalmente decida si el procedimiento se unifica en un solo país. En Alemania, se realizaron registros en los que se incautó diversa documentación de Volkswagen, por lo que la Fiscalía se plantea pedir a la justicia germana correos u otros documentos que puedan demostrar si los directivos de Seat sabía del trucaje, han indicado las mismas fuentes.
Mientras, Seat se ha puesto a disposición de la Fiscalía española para enseñarle cómo se instalan los motores en España y agentes de la Unión de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han acudido a la planta de Martorell (Barcelona) para ver en directo el proceso de fabricación de los coches.
Por el momento, el juez Moreno ha pedido una serie de diligencias a Volkswagen y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Lo hizo tras declararse competente el pasado octubre para investigar los efectos del caso en España e imputaba a Volkswagen como persona jurídica. Entre ellas, ha reclamado a Volkswagen que le informe del nombre de la empresa que ideó el programa informático trucado y que daba por buenas unas emisiones de gases más altas de lo admitido.
El magistrado pedía además al Ministerio de Industria toda la información que tenga, incluido el dictamen de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA), sobre el software instalado en los coches de las marcas Volkswagen, Volkswagen Comerciales, Audi, Seat y Skoda y que altera a la baja las emisiones de los motores diésel EA189 Euro5. Aún está pendiente de recibir parte de esa información, incluyendo un informe de Industria acerca de dictámenes periciales que se hayan efectuado para corroborar el de la EPA.
La apertura de estas diligencias se produjo después de que en septiembre Manos Limpias presentase una querella contra varios directivos del Grupo Volkswagen en España por delitos contra los consumidores, el medio ambiente y la hacienda pública, estafa y falsificación documental. También se han personado en el proceso otras acusaciones en calidad de afectados, como la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (Apdef), que presentó otra querella contra la multinacional Volkswagen y su filial Seat. Desde que se destapó el escándalo, esta asociación ha animado a los propietarios de vehículos afectados a sumarse a la querella o a reclamar a Volkswagen por la vía civil por daños y perjuicios.
