Cuenta la mitología que Casandra, hija de Príamo y Hécuba, tenía el don profético de la adivinación. Un don que venía acompañado de un perjudicial impedimento: nadie creería sus vaticinios. Semejante lastre cargamos sobre nuestras espaldas todos aquellos catalanes que conformamos una mayoría silenciosa que no hace otra cosa más que advertir de las nefastas consecuencias de una hipotética independencia.

Bajo el mantra del llamado “derecho a decidir”, Artur Mas ha decidido esconder las vergüenzas de su falta de gestión política, obviando los principales problemas de los catalanes que no son distintos de los que afectan al resto de ciudadanos españoles: la recuperación económica, el empleo, el crecimiento…

Varias han sido las Casandras internacionales que han avisado de los efectos de esta huida hacia delante que han emprendido los independentistas. Desde Barack Obama hasta Angela Merkel, pasando por David Cameron, Jean-Claude Juncker, Juan Manuel Santos o más recientemente, el presidente del Senado francés, Gérard Larcher. Todos ellos coinciden en un mismo punto de partida. Y es que el mal llamado “derecho a decidir” no es un concepto recogido en el Derecho Internacional. Lo que sí existe es un llamado “derecho de autodeterminación” aplicable en los pueblos coloniales pero no en los territorios de estados democráticos. Artur Mas parece desconocer que el Derecho Internacional es radicalmente contrario a la secesión de parte del territorio de un Estado contra la voluntad de esa misma Nación.

Algunos deberían recordar que es la ley lo que garantiza la justicia y la igualdad en los modernos Estados de Derecho

Habitualmente las expectativas resultan más atractivas que las realidades pero cuando dichas expectativas se topan con la razón y la ley terminan por demostrarse incapaces. Algunos deberían recordar que es la ley lo que garantiza la justicia y la igualdad y en los modernos Estados de Derecho otorga unos argumentos que son los únicos válidos en el mundo globalizado. Mientras algunos continúan con sus quimeras independentistas, otros seguiremos cual Casandra recordando día a día que la política admite la propaganda pero que la ley y el derecho solo negocian con la verdad.

El 27-S tenemos la posibilidad de acabar con el debate identitario y hablar de los problemas reales de los catalanes que durante estos tres años han sido los grandes olvidados. Hemos perdido el tiempo cuestionando si alguien que se siente tan catalán como español es menos ciudadano que alguien que se siente más catalán que español o viceversa.

Y así, mientras hablábamos sobre la quimera independentista, Cataluña ha dejado de ser la región que más riqueza creaba y más aportaba al PIB de España. Ya no somos el principal motor del país. Las razones no están en la solidaridad territorial –Madrid aporta más que Cataluña– sino en el tiempo y el dinero perdido en proyectos de división.

No es el único tren que hemos dejado escapar. Nos ha pasado con los impuestos: Cataluña, junto con Andalucía, tiene los impuestos más altos de España mientras que Madrid tiene los más bajos. Nos pasa con las empresas: aquí unas anuncian que se van mientras que la Comunidad de Madrid es la región en la que más empresas se crean. Nos pasa con las inversiones extranjeras: de 2013 a 2014 la inversión extranjera aumentó en toda España mientras que en Cataluña disminuyó un 13%.  Y ocurre con la deuda, porque vivimos en la Comunidad Autónoma más endeudada de España.

El 27-S es el punto crítico. Es el momento exacto en el que es preciso hacer algo. Y ese algo es llenar las urnas de votos que paren los pies a quienes están enfrentando a unos catalanes con otros. Es el momento de decir basta a quienes tratan de levantar muros entre vecinos y a quienes están permitiendo que Cataluña pierda su pujanza.

La sociedad catalana es, por definición, plural. Esa ha sido nuestra fuerza, nuestra seña de identidad y la razón de nuestro éxito. Siempre se ha dado cabida a todas las formas posibles de sentirse catalán. Por eso, el Partido Popular de Cataluña, presenta un proyecto de concordia que pone las diferencias al servicio de un objetivo común: el imperio de la ley como la garantía de los derechos de todos y recuperar el liderazgo económico y social que nunca deberíamos haber perdido.

 *Andrea Levy, Vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular