Este miércoles 23 de marzo, Juana Gallego, profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido “cancelada” por tercera vez en su universidad. El conflicto arrancó el martes de la semana pasada, cuando Juana (fundadora del Máster de Género y Comunicación de la UAB), al ir a impartir la materia “Mujer y publicidad", se encontró con el aula vacía. Sus alumnas le habían hecho un boicot. ¿La razón? El «posicionamiento público» en contra de la 'ley Trans' y de la 'doctrina queer' que, en su derecho a la libertad de expresión, la docente había publicado en redes y blogs
Sin alumnas, y sin poder dar su clase, la profesora –que es un referente en cuestiones de comunicación y género- se grabó un vídeo de denuncia y lo colgó en las redes sociales. Gallego denunció un “totalitarismo puro”. Su discurso ha tenido mucho eco en foros feministas y de profesores universitarios.
Esta semana, Juana Gallego volvía a tener docencia en el mismo programa. Su sorpresa llegó al saber que su universidad había decidido cambiar la ubicación de su clase. Al llegar al aula (que le dieron en otro campus),… la encontró cerrada. Como es lógico, pidió explicaciones. El Rectorado se las dio y argumentó que, horas antes, le habían mandado un correo electrónico donde le decían que la clase no se celebraba «por estar instrumentalizada políticamente». Recordemos que hablamos de una materia reglada, que la profesora imparte desde hace seis años y que versa sobre la imagen de “la mujer en publicidad”.
Juana decidió impartir la sesión por redes. A la tercera va la vencida, dicen. Seiscientas discentes la estaban esperando. Tampoco pudo ser: el Rectorado advirtió que hacer eso incurría en la ilegalidad
Ante esta situación, y después de tener que leer que era “una pena que sus clases no suscitaran el interés de las alumnas», Juana decidió impartir la sesión por redes. A la tercera va la vencida, dicen. Seiscientas discentes la estaban esperando. Tampoco pudo ser: el Rectorado advirtió que hacer eso incurría en la ilegalidad y, al final, la sesión se suspendió. Como San Pedro a Jesús, la UAB ha negado a Gallego, no una, sino tres veces. Al tiempo, ha negado también no uno, sino tres principios esenciales para la educación superior: la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el derecho a la educación.
Y es que, más allá de la “cuestión de género” (si la ley trans supone o no una perversión para la lucha feminista), hay un “género de cuestión” muy relevante: si la censura, el pensamiento único y la falta de neutralidad ideológica son ya un peligro real para la Universidad.
No es la primera vez que escribo de esto porque, desgraciadamente, no es la primera vez que se coarta la libertad de expresión, de cátedra y de asociación en una institución de enseñanza superior española, en concreto en Cataluña.
Hace año y medio se publicó una sentencia que condenaba a la Universidad de Barcelona (que se adhirió a un manifiesto ideológico excluyente en apoyo a las tesis separatistas) por vulnerar los derechos de profesores y alumnos. La sentencia subrayaba que una universidad pública “no puede asumir como propia una posición (política) determinada”. No puede hacerlo, porque se vulneran los derechos de libertad ideológica y de expresión y también el derecho a la educación.
Una universidad, mejor dicho, una comunidad universitaria, comprende a muchas personas con ideas plurales. Precisamente, estas instituciones tienen como requisito para su legitimidad que se den las condiciones para poder ejercer la libertad de expresión y de cátedra y la autonomía universitaria.
La honestidad en el ejercicio de la libertad de cátedra implica, a mi juicio, decir explícitamente dónde te sitúas a la hora de abordar un problema académico
La libertad de expresión es un derecho humano individual, no colectivo. Los sujetos de la libertad de expresión somos los profesores, los alumnos y el personal de administración y servicios, no las universidades. Cualquier corriente institucionalizada que actúe como “sinécdoque del pensamiento de la comunidad universitaria” no se puede permitir.
Como profesores, estudiantes o personal de la universidad podemos y debemos tener nuestras ideas y expresarlas, faltaría más. La honestidad en el ejercicio de la libertad de cátedra (exponer la materia con arreglo a las convicciones del profesor) implica, a mi juicio, decir explícitamente dónde te sitúas a la hora de abordar un problema académico. Eso es, justo, lo contrario a que la universidad como institución, se ampare en la libertad para hacer suyas (y por tanto, de todos sus componentes) unas proclamas de parte, y que te impida disentir, pisoteando tus derechos (como ha ocurrido en el caso de Gallego).
¿Dónde queda en esto la autonomía universitaria? La autonomía universitaria, reconocida en el Art. 27.10 de la Constitución, y desarrollada en LOU, es un derecho fundamental que se reconoce a la comunidad universitaria, pero está circunscrito a unas funciones y tiene límites. El sentido y alcance de este derecho, según el Tribunal Constitucional, vienen determinados exclusivamente por la naturaleza de las funciones que la universidad tiene encomendadas. Y, la representación ideológica no es una de sus encomiendas.
En los últimos años, lamentablemente, hemos presenciado resoluciones en algunas universidades en España que han provocado espirales de silencio. La Justicia ha tenido que corregirlas. Hasta la fecha, se circunscribían a cuestiones del nacionalismo, pero me malicio que el problema se está agrandando y va a afectar a todo lo relacionado con la doctrina “woke” o de lo políticamente correcto.
En su despedida, Peterson denunciaba el poder que en el ámbito universitario ha adquirido “la atroz ideología de la diversidad, la inclusión y la equidad, que está demoliendo la educación y los negocios"
Estamos viendo en otros países cómo determinados postulados ideológicos hacen difícil trabajar en libertad a muchos profesores. Hace unos meses leíamos que Jordan Peterson, el famoso profesor de Psicología canadiense, abandonaba su plaza de titular en la Universidad de Toronto por las “presiones woke contra sus alumnos”. En su despedida, Peterson denunciaba el poder que en el ámbito universitario ha adquirido “la atroz ideología de la diversidad, la inclusión y la equidad, que está demoliendo la educación y los negocios”.
Resulta intolerable que se coarte el derecho a la libertad ideológica y a la libertad de cátedra, pero, especialmente intolerable resulta que se coarte el derecho a la educación de quienes opinan diferente. Resulta intolerable también que haya que recurrir a la denuncia pública (como lo ha hecho Juana) o a los tribunales (como tuvieron que hacerlo los profesores de la UB con el independentismo) para que se respeten los derechos, precisamente en instituciones de educación superior, que son instituciones de libertad. La neutralidad de las instituciones de educación es importantísima para evitar que la intolerancia se apropie de ellas. La falta de neutralidad en los centros educativos, no es habitual, pero existe. Como muestra lo que ha pasado en la UAB.
Este año, a finales de febrero, se aprobó, por fin, la Ley de Convivencia Universitaria. Esta norma es importante porque venía a actualizar un decreto obsoleto y porque tenía, además, el potencial de reformular el marco de convivencia para la comunidad universitaria. Era un imperativo que abordara algunas disfunciones relativas a la preservación de derechos fundamentales.
Desafortunadamente, el texto tiene grandes problemas y, sobre todo, deja sin solucionar conflictos mollares que afectan cada vez a más gente. La nueva ley no se ocupa ni un ápice ni del derecho a la libre expresión, ni del derecho a la libertad de cátedra, ni del derecho a la educación. Vemos, con situaciones como las que está sufriendo Juana Gallego, que estas cuestiones son muy importantes.
Cuando hablamos de la educación, estamos hablando del futuro. Estamos hablando de la formación de personas que, el día de mañana, estarán al frente de nuestro país, de personas que tendrán que seguir desarrollando nuestra democracia, nuestras instituciones. Por eso es fundamental que las formemos en valores democráticos, de convivencia, de encuentro y de tolerancia.
Las universidades tienen que ser espacios de libertad y seguridad, donde, desde el respeto, puedan contraponerse y expresarse ideas, por profesores, alumnos y personal de administración y servicios, pero nunca imponerse un pensamiento único por las propias instituciones. Las universidades deben ofrecer una educación de calidad, que contribuya a formar ciudadanos competentes, críticos y libres.
Si son altavoces ideológicos y esferas totalitarias corren el riesgo de dejar de ser “Universidad”.
