España

El Defensor del Pueblo pide estudiantes marroquíes para limitar la inmigración ilegal

El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, propone que España propicie "la venida de estudiantes marroquíes" y la reagrupación de las familias ante el repunte de las llegadas

  • Muelle de Arguineguin en Canarias. -

El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, propone que España propicie "la venida de estudiantes marroquíes" y la reagrupación de las familias ante el repunte de las llegadas irregulares a Canarias desde Marruecos. Ambas medidas se enmarcarían en una nueva "política consular" que explore "las vías que nos ofrecen los visados de búsqueda de empleo".

Así lo recoge en un informe titulado 'La migración en Canarias' que fue entregado este miércoles en el en el registro de las Cortes Generales. Tras destacar "el incremento de personas de nacionalidad marroquí que han accedido irregularmente a nuestras costas atlánticas" durante el ejercicio 2020, Fernández Marugán considera "que ha llegado el momento de afrontar algunos cambios en nuestra política consular, por ejemplo, explorando las vías que nos ofrecen los visados de búsqueda de empleo y propiciando la reagrupación familiar o la venida de estudiantes marroquíes a España".

El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán

Pone el foco en Marruecos

"No hay que olvidar que Marruecos es el tercer país del mundo donde más visados españoles se tramitan y conceden", justifica. En concreto, los seis consulados españoles en aquel país tramitaron en 2019 un total de 262.227 visados de acuerdo al informe del Defensor del Pueblo. De estos, cerca de 47.000 fueron denegados.

"No obstante, aunque la cifra de visados concedidos pueda parecer muy importante se ha de llamar la atención sobre el hecho de que tan solo 39.633 corresponden a visados de larga duración (estudios, motivos familiares o residencia y trabajo), los demás son fundamentalmente visados de carácter
turístico o de tránsito a otros países", aclara el estudio.

La comunidad marroquí que reside legalmente en España supera ya las 700.000 personas, según el estudio

No olvidemos -dice- que la comunidad marroquí que reside legalmente en España supera ya las 700.000 personas. "Estos datos deberían hacernos reflexionar y cambiar el enfoque que nos lleva a analizar esta realidad tan solo desde la perspectiva del control de las llegadas irregulares y del manido 'efecto llamada' y la lucha contra las mafias. El enfoque de seguridad, sin duda necesario, no siempre va de la mano de un análisis de las vías reales que los ciudadanos marroquíes tienen para entrar en España", destaca.

Para el defensor del pueblo en funciones, este "es un reto de primera magnitud que debería llevarnos a evaluar con urgencia, y de una manera global, la regulación de los flujos migratorios con nuestro país vecino, que permita adaptarla a la realidad social de la migración marroquí en España".

Pide a Exteriores evaluar las quejas

Vozpópuli ha consultado al órgano encargado de velar por el respeto de los derechos que el Título I de la Constitución otorga al ciudadano sobre la propuesta de "propiciar venida de estudiantes marroquíes" recogida en el informe. Fuentes del Defensor del Pueblo lamentan no poder concretar la idea lanzada en el estudio y se remiten al texto presentado en las Cortes.

Según el análisis, el repunte de llegadas irregulares de ciudadanos marroquíes en los últimos años - sobre todo a Canarias- y, más allá de obvias cuestiones de política exterior, cuyo análisis excede del mandato del Defensor del Pueblo, "debería llevarnos a plantear un análisis en profundidad de la política de visados". "La concesión de visados de trabajo, de estudiante y de reagrupación familiar son competencia nacional y no, como en el caso de los visados de estancia, europea".

El Defensor pide a Exteriores evaluar las quejas por las denegaciones de visados que se reciben de marroquíes

Además, el documento señala que dos equipos técnicos de la institución se desplazaron al archipiélago canario y que observaron con preocupación como un número significativo de ciudadanos marroquíes y senegaleses manifestaban que sus familiares residían en España y que, antes de embarcarse en una patera, habían intentado sin éxito reunirse con ellos de manera legal.

A juicio de la institución, las "quejas recurrentes por las denegaciones de visados de trabajo o de estudiante y por demoras inaceptables en las tramitaciones de visados por reagrupación familiar que se reciben de ciudadanos marroquíes y, en menor medida, de senegaleses, deberían ser objeto de una evaluación en profundidad por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación".

Manifestaciones "xenófobas"

El Defensor del Pueblo también ha aprovechado su estudio para advertir sobre los "preocupantes relatos xenófobos" en los que se ven "envueltos" los inmigrantes, "sobre todo los africanos". "Hasta hace poco estaban reservados a los partidos de extrema derecha, pero que ahora corren el riesgo de convertirse en una tendencia dominante. Mientras tanto, las políticas europeas siguen centrándose en el fortalecimiento de las fronteras frente a la migración, en lugar de buscar vías para facilitarla de forma consciente y ordenada", alerta.

Y carga contra las "manifestaciones xenófobas" surgidas tras la concentración de centros de acogida en varios municipios canarios. "Las manifestaciones xenófobas deben ser perseguidas con contundencia y, al mismo tiempo, se debería evitar a toda costa la concentración de grandes centros de personas migrantes, en barrios especialmente castigados por la grave crisis económica que la pandemia ha provocado en Canarias", matiza.

Por otro lado, Fernández Marugán asegura que "ha colapsado la capacidad de acogida" en un territorio como Canarias y en unas circunstancias nuevas como las que imponía el contexto de pandemia para advertir que "no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación derechos" como la libre circulación con el argumento del "control de la migración" y de "evitar el efecto llamada". Un tirón de orejas el Gobierno que extiende a otras crisis acontecidas en también en Ceuta y Melilla.


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