Ante la degradación de la democracia española, muchos ciudadanos se plantean similares preguntas a las que encabezan estas líneas. Elevar la mirada, más allá de la cotidianidad manipulada desde las terminales del poder, muestra una España que vuelve a la encrucijada de la que no hemos salido, realmente, desde comienzos del siglo XIX. Durante más de dos siglos hemos vivido luchas cainitas entre absolutistas y liberales, conservadores y progresistas, demócratas y revolucionarios, guerras civiles carlistas, pronunciamientos varios, cambios de régimen político -el demencial de la I República y el revolucionario de la II República-, dictaduras… En ese tiempo, las élites políticas que arrastran a las masas no han sabido compaginar Modernidad ilustrada (libertades civiles, derechos individuales y colectivos) con Instituciones sólidas (Estado de derecho, separación neta de poderes, instituciones independientes, fiscalización del poder político).

Casi siempre, la voluntad de poder de unos y otros ha prevalecido sobre las siete constituciones que hemos tenido (incluyo la que aún es vigente, aunque degenerada). El Estado de derecho siempre ha cedido, se ha adaptado al atropello del poder, como ahora con los indultos indebidos a golpistas que exhiben su prepotencia por doquier. Además, se les ha concedido eliminar del código penal los delitos de sedición y aminorar la malversación por los que fueron condenados.

Ahora, porque el líder del PSOE está empeñado en tener sus votos, se vuelve a ceder para eliminar no ya las culpas sino los delitos en sí (amnistía o como la llamen), borrados, como si no hubieran existido, aunque están la mente de todos. Si, finalmente, se eliminan los delitos cometidos por los golpistas, España habrá dejado de ser “un Estado democrático de Derecho” (art. 1.1. CE), porque el techo constitucional al derecho de gracia es el indulto individual y motivado, con expresa exclusión del indulto general (art. 62, i. CE). Establecido este límite ya no cabe seguir más arriba, esto es, no cabe la amnistía. El orden constitucional español excluye el olvido del delito.

Los que defienden esta vía obvian o ignoran que en la Constitución alemana no existe la prohibición de los indultos generales, pero sí en la nuestra

La amnistía no puede justificarse, como se está intentando, en constituciones de otros países (link http://asociaciondefiscales.es/index.php/espacio-00/actividades-a-f/comunicados/item/858-carta-de-la-asociacion-de-fiscales-a-la-comision-europea) que contemplan esta figura en su ordenamiento, como Portugal, Francia o Italia. Tampoco es aplicable el caso alemán, cuyo Tribunal Constitucional permitió la Ley de Amnistía de 1949, pese a que esta figura no conste en su Constitución (Ley Fundamental). Los que defienden esta vía obvian o ignoran que en la Constitución alemana no existe la prohibición de los indultos generales, pero sí en la nuestra, hecho constitucional que impide superar este límite; es decir, la amnistía no cabe.

Así las cosas, volvamos al principio en busca de las causas:

 ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Por un sistema electoral agotado y perverso que falsea la representatividad de la Nación. El voto de los españoles no determina el gobierno, sino los manejos de compraventa de votos y favores de los partidos (link https://www.vozpopuli.com/opinion/sistema-electoral-mecanismo-agotado-perverso.html). El sistema electoral prioriza la división de muchos partidos, muchos de ellos contrarios a España y la Constitución que pueden resultar decisivos, como está ocurriendo, con el agravante de que son decisivos los votos de los golpistas para investir presidente de España al líder del PSOE, cerrilmente incapaz de pactar con el PP un gobierno programático entre ambos partidos. El maquiavélico Sánchez, desde 2018, sigue maniobrando en las sombras para unir a tropecientos partiditos en pactos de perdedores, con cesiones lesivas y discriminatorias, hasta sumar los 176 votos de la mayoría. Sánchez pacta antes con partidos regionales separatistas, algunos de ellos de extrema derecha, que con partidos españoles de derecha. La marca PSOE ha mutado, aparenta ser un partido español de mayorías, pero no lo es. Zapatero aun lograba más de 160 escaños, pero Sánchez no ha logrado superar el listón de los 123 en las tres últimas legislaturas.

En esta forma de proceder, Sánchez y el PSOE transmiten a la sociedad española un mensaje aciago para la convivencia: ciertos políticos no son responsables de sus actos. Pueden hacer lo que quieran siempre que me voten y estén en el círculo autodenominado “progresista” pese a ser partidos con historial racista, xenófobo y terrorista. A quienes me apoyen concesión de prebendas y privilegios contrarios a los principios superiores de igualdad y justicia. Esto es el PSOE actual.

Cuando los políticos no son responsables de sus actos y adaptan el orden instituido a sus intereses, como es el caso, la democracia real muere: la arbitrariedad política sustituye al Derecho, garantía de los ciudadanos corrientes, la degradación va imponiéndose en todos los órdenes de la vida civil (economía, educación, justicia, administraciones, relaciones sociales…). La tiranía va sustituyendo los resortes de vida democrática, reducida a fachada de formalismos manipulados.  Pero hay más.

La Constitución de 1978 plasmó la esperanza de superar la división, tantas veces virulenta, entre progresistas y conservadores, y entre patriotas españoles y separatistas

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Por los errores ingenuos de la Constitución, agravados por no enmendarlos durante 45 años e incluso por intereses de poder.  Después de la amarga experiencia de la II República, la cruenta guerra civil y luego la dictadura franquista, la Transición democrática constituyó una esperanza para la amplia mayoría de españoles, nacionalistas incluidos, abierta a un futuro de desarrollo e integración internacional en el orbe liberal occidental. La Constitución de 1978 plasmó la esperanza de superar la división, tantas veces virulenta, entre progresistas y conservadores, y entre patriotas españoles y separatistas. Constitución inicial de consenso -ampliamente refrendada por el pueblo español- inmediatamente roto por los nacionalistas vascos y catalanes que aprovecharon la autonomía, constitucionalmente solidaria, para construir sus feudos soberanos, insolidarios y excluyentes. Nadie lo impidió.

Así han ido construyendo sus “naciones inventadas”. No hay nada verdadero en ellas; sólo exhibición de poder tontamente cedido por la debilidad del Estado durante 45 años. Ahora exigen la independencia. Primer gran error: hemos perdido décadas con cesiones a los nacionalistas, destructivas para los españoles. Segundo gran error: El PSOE que evolucionó del marxismo a la socialdemocracia europea con González, desde Zapatero, y ahora con Sánchez, ha involucionado hacia posiciones neocomunistas, autoritarias y excluyentes, en confrontación radical contra los partidos conservadores. La obsesión totalitaria de Sánchez por el poder (ha privatizado para sí casi todas las instituciones españolas) le incapacita para ver más allá de su entrega, desde 2018, a pactos con comunistas y separatistas de distinto pelaje. No logrará civilizarlos; no está en su naturaleza, pero ha envilecido la del PSOE.

Lo expuesto muestra los errores y contradicciones de la Constitución, mantenidos y no enmendados, que gravitan negativamente sobre los españoles y su futuro. Han sido identificados por distintos autores y especialistas. En síntesis:

a. Las constituciones liberal-democráticas son sobre todo un instrumento de control del poder para evitar la tiranía; la nuestra no lo es. Quien controla el Congreso de diputados controla el ejecutivo y determina o condiciona el judicial, constitucional incluido, con los nombramientos como está sucediendo.

b. La constitución debe establecer la separación neta de poderes para evitar los abusos de poder y la tiranía; la nuestra no tiene separación de poderes sino división funcional entre legislativo y ejecutivo (ver punto a). 

c. La constitución establece un orden propio superador de los anteriores; la nuestra incorpora los derechos históricos de los territorios forales (DA 1ª); es decir, un estatus anacrónico, propio del Antiguo Régimen de privilegios. En este marco, la DT 4ª permite la anexión de Navarra al País Vasco, previa consulta, en contradicción con la prohibición constitucional de federación entre autonomías.

d. El Titulo VIII, de organización territorial del Estado, instituye las autonomías con poderes cuasi estatales, en contradicción con los arts. 1 y 2, agravado por las cesiones oportunistas a través de los estatutos.  El modelo inicial “Estado-Autonomías” aun contenía un cierto equilibrio entre el “Estado unitario” (Nación unitaria, indisoluble e indivisible, instituido en Estado social y democrático de Derecho, sustentado en valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo), y el “Estado descentralizado” (derecho a la autonomía solidaria de nacionalidades y regiones) como en otros países, incluso federales, pero el sistema está roto, es caro, disfuncional y amenaza la integridad del sistema constitucional. La diferenciación entre nacionalidades y regiones es ahistórica y discriminatoria. Ahistórica porque el orden constitucional no puede fundarse en ordenes precedentes de reinos medievales y condados, superados por la voluntad de unidad nacional española de sus legítimos representantes entre los siglos XI y XV. Discriminatoria porque se asigna a unos territorios y se niega a otros que fueron reinos, incluso con más motivo, como Aragón o Castilla.

En los espacios que controlan España ha dejado de existir, sólo es un Estado opresor que hay que denigrar y destruir. Lo hacen todos los días por todos los medios a su alcance

En estas condiciones, mientras esté Sánchez, con el PSOE no hay nada que esperar, seguirá conduciendo a España por la pendiente de degradación con sus socios.  Habrá que ver qué queda después. Dependerá de los españoles. Estamos en la encrucijada de someternos  como esclavos o revertirlo con el voto libre, la manifestación cívica, como la del próximo 8 de octubre en Barcelona y el 29 de octubre en Madrid, los pronunciamientos políticos y cívicos en ayuntamientos, diputaciones, autonomías, fundaciones, empresas, sindicatos, asociaciones…  

Con los nacionalistas catalanes y vascos ya hemos visto a qué conducen 45 años de cesiones. Sólo han servido para ampliar su poder de beligerancia contra España y los españoles. En los espacios que controlan España ha dejado de existir, sólo es un Estado opresor que hay que denigrar y destruir. Lo hacen todos los días por todos los medios a su alcance. Estos nacionalismos fragmentarios encarnan el mal civil: destruyen las naciones y convierten en enemigos a ciudadanos que antes convivían en paz. Han encontrado en Sánchez un poderoso aliado.

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