La agencia Bloomberg sorprendió esta semana con una noticia en la que acusaba al Ministerio de Hacienda de forzar a las operadoras de juego extranjeras al pago de 150 millones en impuestos bajo la amenaza de perjudicarles en la concesión de licencias y, al mismo tiempo, de beneficiar a Codere, bien relacionada con el Gobierno. La reacción del departamento de Cristóbal Montoro no dejó lugar a la duda: desmentido y denuncia. En realidad, la historia comienza mucho antes, cuando la empresa española, con otro escenario legislativo y con otro Gobierno, sí movió sus hilos en plena elaboración de la Ley del Juego.

El Consejo de Administración de la Sareb ha terminado de estructurar su primer paquete de activos para la venta, según han revelado a Vozpópuli fuentes cercanas a la entidad. La sociedad terminó de constituirlos en su reunión del pasado miércoles por la noche y ha comenzado ya a negociar su venta con, al menos, dos fondos internacionales. La oferta más destacada es la del fondo Apollo que dispone de unos 1.000 millones de euros para realizar inversiones, según fuentes de la operación.

Algo está cambiando. España no solo genera recelo entre los inversores extranjeros. Aquellos con un horizonte de inversión a largo plazo sí pujan por los activos estratégicos del país como ha mostrado su participación en el proceso de privatización de la gestión del agua de Barcelona.

Los inversores extranjeros vuelven a dar un voto de confianza a España. El efecto balsámico generado por las esperadas compras de deuda por parte del BCE surte efecto y logra frenar la sangría de ventas de los últimos meses. En septiembre los no residentes compraron deuda española por primera vez desde noviembre de 2011. Vuelen a ser así el principal tenedor de deuda española con el 35,4% del total y una cartera de 210.238 millones de euros. 

La fuga de inversores internacionales de la deuda española parece haberse frenado, según reconocen los grandes bancos extranjeros. Sin embargo, los jugadores internacionales no apuestan por regresar a los bonos españoles todavía. Las entidades extranjeras auguran un nuevo régimen para el Tesoro español en el la banca española financiará el 85% de las deudas de España. 

La cifra de reclusos se reduce en más de 7.000 en sólo dos años. Más de la mitad eran internos foráneos que se han acogido a la posibilidad de conmutar sus penas a cambio de abandonar España. También ha influido la reforma del Código Penal de 2010, que suavizó la pena a los pequeños traficantes de drogas y permitió la salida de muchos. Actualmente, hay 69.888 presos, frente a los 76.919 que había el 26 de marzo de 2010, fecha en la que la población reclusa alcanzó su máximo histórico.