La declaración de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41, marcó un hito sin precedentes en la historia de la democracia española, toda vez que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondía como investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lo hizo en sede judicial bajo un fuerte dispositivo policial, ante la exposición mediática y grupos que se congregaban en las inmediaciones que vertían acusaciones y se manifestaban.
Una docena de furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) -también conocidos como antidisturbios- blindaban el entorno de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Begoña Gómez llegaba a bordo de un vehículo con cristales tintados e ingresaba en las dependencias a través del aparcamiento. Su representación como abogado estaba en manos de Antonio Camacho, quien ocupase la cartera de Interior bajo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Begoña Gómez declaraba por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en el marco de la investigación de las adjudicaciones públicas a Juan Carlos Barrabés, empresario cercano y al que recomendó por carta en procesos de licitación. Cabe recordar que Barrabés ayudó a la esposa del presidente a impulsar su máster sobre Transformación Digital Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
La expectación ante estos acontecimientos se tradujo en un aluvión de peticiones de información de ciudadanos ante el Portal de Transparencia, tal y como ha podido comprobar Vozpópuli en el registro de resoluciones denegatorias. El Gobierno, a través de los Ministerios Justicia y del Interior, dirigidos por Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, ha rechazado una docena de solicitudes en las que se pedían datos del dispositivo de seguridad en torno al juzgado, así como de los medios activados para tal cita.
Las preguntas formuladas
¿Cuánto costó el dispositivo? ¿Qué medios policiales se emplearon? ¿Cuáles fueron las razones por las que se articuló el despliegue? ¿Hay documentos? Esas fueron algunas de las preguntas que los ciudadanos, con mayor o menor fundamento, trasladaron a ambos departamentos. La respuesta fue idéntica en todos ellos: la denegación de la información solicitada.
El Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes detallaba que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, a través de su Departamento de su Seguridad y en coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, es el organismo que se encarga de brindar protección del presidente del Gobierno, así como de su esposa en sus desplazamientos.
Sin embargo, sostiene que dar la información relativa al gasto asociado al desplazamiento “permitiría dimensionar con exactitud el dispositivo de seguridad”, lo que supondría una “brecha de vulnerabilidad que comprometería la integridad personal de la cónyuge del presidente del Gobierno y la de los empleados públicos encargados de la seguridad”.
Ante otra solicitud, la cartera de Félix Bolaños especifica que Begoña Gómez acompaña a Pedro Sánchez en actos únicamente “cuando las necesidades de protocolo y representación así lo determinan o aconsejan”. Su desplazamiento en medios oficiales se realiza “en calidad de esposa del presidente del Gobierno” y “no como representante o cargo público con agenda propia”.
Despliegue policial
Por su parte, las respuestas del Ministerio del Interior llevan el membrete de la Policía Nacional y están firmadas por su director, Francisco Pardo Piqueras. En su fundamentación destaca que la Jefatura Superior de Madrid estableció una orden de servicio y un despliegue operativo destinados a “conciliar el libre ejercicio de los ciudadanos al derecho deambulatorio” -o lo que es lo mismo, a transitar por la vía pública- y de “acceso a las vías de entrada” a los juzgados, junto con el derecho a la libertad de prensa y las medidas de seguridad “que se deben implementar”.
¿Cuántos recursos materiales y humanos se emplearon a tal fin? “Los necesarios para poder realizar de manera eficiente y eficaz las misiones anteriormente reseñadas”, especifica el director general de la Policía. No obstante, no facilita el número de efectivos porque “supondría un perjuicio para la seguridad pública”. Sobre el coste del dispositivo apunta que “han participado funcionarios policiales en el ejercicio de su actividad ordinaria, en sus respectivos horarios, no generando por tanto ningún coste extraordinario”.
Respuestas que se repiten en las siete peticiones denegadas a Transparencia por el Ministerio de Presidencia y otras cinco por parte del Ministerio del Interior.
