La información de esta casi treintena de contratos no publicada data de los tres primeros meses de la pandemia de covid-19, concretamente, entre los días 14 de marzo y el 21 de junio

El pasado 9 de julio la asociación solicitó al Ministerio de Cultura información pública en relación a una película, en particular las subvenciones públicas dedicadas a su realización, posibles "conflictos de interés" con la productora de Alejandro Amenábar

    

El borrador que prepara el Ministerio de Presidencia incluye restricciones que no aparecían contempladas en la ley base aprobada en diciembre de 2013. Con este reglamento, denuncian ONG especializadas, "se acaba limitando el derecho de solicitar información a un número reducido de personas".

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, acusa al Ejecutivo de incumplir la norma al no incluir la información sobre 257 altos cargos que fueron nombrados en el primer año y medio de la legislatura y cuyo patrimonio aún no se ha hecho público.

La normativa del 'Ejecutivo Rajoy' no incluye protección para los funcionarios honrados que quieren denunciar casos de corrupción. En el país escandinavo es delito perseguir al filtrador, mientras que la Administración española destina recursos públicos a 'cazarlo'. "Allí, los periódicos locales publican a menudo quienes son los más ricos de la ciudad", señala un experto.

El Consejo de Ministros no ha aprobado en los tres últimos meses, como exigía la norma, el estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El plazo había sido incorporado a través de una enmienda de los populares en el Senado. Fuentes de Presidencia matizan que "todavía hay margen hasta finales de año".

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Los populares mantienen que son los partidos políticos y no estos grupos de presión quienes actúan de "enlace legítimo" entre la sociedad y los poderes públicos. Los socialistas reclaman su regulación en una enmienda al proyecto de ley en el Senado. El Gobierno de Mas sí incorporará este perfil en la sucedánea normativa catalana. 

La ONG Transparencia Internacional critica que el texto del Gobierno se limita a los bienes inmuebles e impide conocer a los ciudadanos todo el patrimonio de la Administración. Reclama una enmienda que incorpore la publicidad de valores mobiliarios, dinero, activos financieros, créditos, equipamientos e instalaciones o coches oficiales. La cifra en las más de 21.400 entidades públicas españolas ascendería a cientos de miles de millones.

La aprobación esta semana de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno supone un paso adelante al incluir a partidos políticos, sindicatos, patronal, Iglesia, Banco de España y Casa Real. Sin embargo, España aún no se ajusta a los estándares europeos.

El texto 'estrella' del Gobierno de Mariano Rajoy en su lucha contra la corrupción no legisla sobre aspectos claves, como denuncian organizaciones internacionales. La futura norma, cuyo dictamen aprobó ayer el Congreso sin los votos del PSOE, no permite presentar recursos administrativos ante un elevado número de instituciones.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno sale adelante con 190 votos a favor, 123 en contra y dos abstenciones.

Previsiblemente, la ley "estrella" de esta legislatura para la regeneración democrática se aprobará y remitirá al Senado con el apoyo del PP, CiU y PNV y los votos en contra de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), UPyD y el grupo mixto.

Como ya ocurrió ayer, el PSOE, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) y el grupo mixto se han negado a participar en la ponencia de la ley de transparencia, en protesta por la "opacidad" del presidente Rajoy respecto al caso Bárcenas.

Los socialistas abandonan la mesa hasta que Rajoy “cuente la verdad” sobre los supuestos sobresueldos. Los populares acusan al partido de Rubalcaba de aliarse con Amaiur para boicotear los trabajos de la ponencia.

Partidos, sindicatos y organizaciones empresariales deberán publicar las subvenciones con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiarios. Se introduce finalmente una referencia explícita a la Casa Real.

CSI-CSIF asegura que se someterá "sin matices" a los requisitos de transparencia mientras que Comisiones Obreras y UGT creen que sería "una injerencia de los poderes públicos" en la libertad sindical.

Gobierno y oposición despejan el calendario para culminar la Ley antes de que termine el año, pero faltan por despejar las condiciones de la inclusión de la Iglesia y el porcentaje de subvención que obligue a entidades privadas a quedar bajo control de la nueva legislación. Se baraja la cifra del 51 por ciento del presupuesto, pero también el montante total.

Los expertos debaten sobre el modelo jurídico con el que encajar a todas las empresas privadas, no sujetas a derecho administrativo, pero que reciben ayudas públicas hasta en porcentajes superiores al 50% de su presupuesto total.

En 2012 el Estado pagó 94,2 millones de euros a 2.953 profesores de religión católica. La Iglesia también recibe fondos públicos por otros conceptos como la asistencia religiosa en los hospitales.

Prefiere que sea la Casa Real la que decida qué cuenta sobre la partida que se establece en los PGE. El PP cree que el PSOE se está apropiando del discurso de Izquierda Unida sobre la Corona, lo que puede imposilitar un acuerdo sobre la Ley.

El Gobierno estudia cómo mantener a salvo del escrutinio público los gastos personales y domésticos de la Casa Real mientras el PSOE defiende que debe ser una "ley muy avanzada" y niega distanciamiento con la Corona.

Un portavoz de Zarzuela ha explicado que desde hace "más de dos meses" existen conversaciones entre el personal de Casa Real y el Gobierno para tratar el alcance de ese control. Públicamente, Zarzuela se limitaba a señalar que la decisión estaba en manos del Parlamento. 

PSOE, IU, UPyD y BNG exigen que el Ministerio de Hacienda y la Casa Real den las explicaciones pertinentes ante el Congreso de los Diputados sobre los 375 euros que el Rey recibió como herencia y un sometimiento más fuerte de la Corona a la futura Ley de Transparencia.

Además, la asignación global que recibe con carácter anual la Casa del Rey no está siquiera fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. Zarzuela se limita a comentar que estarán en esta materia “a lo que diga el Gobierno” y Moncloa espera el plácet.    

Moncloa y el Grupo Popular aseguran estar "dispuestos para dar ese paso", aunque lo lógico "es que lo pida" Zarzuela. Este miércoles se constituye además una comisión interministerial para poner en marcha las medidas anticorrupción anunciadas por Rajoy en el debate de política general.

El acuerdo sale adelante con los votos a favor de PP, CiU, UPyD, CC, PNV y tres formaciones del Grupo Mixto. PSOE, Izquierda Plural, Geroa Bai, BNG y Amaiur optan por la abstención.

El presidente del Gobierno realiza este anuncio como respuesta a Rosa Díez, quien le había acusado de connivencia con la corrupción y no tomar medidas "que acaben con la impunidad que tenemos los políticos".

Con esta norma, Hacienda podrá destituir a los consejeros o concejales que incumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que la nueva ley de transparencia comenzará a tramitarse en el Congreso antes del verano y recogerá, por ejemplo, el coste de las cumbres internacionales o lo que ganan los altos cargos.

  El Gobierno ignorará las alegaciones ciudadanas que piden que la Casa Real sea sometida a las mismas exigencias de transparencia pública que el resto de instituciones del Estado. El Ejecutivo ha decidido ya que mantendrá el articulado original del anteproyecto de ley y que la Corona no deberá someterse a las nuevas obligaciones de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno cifra en más de 80.000 las visitas recibidas en la web del Ministerio de Presidencia.

El formulario que presenta tiene tres ejes: transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El nuevo Ejecutivo tiene la firme intención de que España deje de ser el único país europeo de más de un millón de habitantes que no posee una ley de transparencia y acceso a la información, una carencia  democrática en la que nos acompañan tres naciones europeas más: Luxemburgo, Malta y Chipre. En total 90 países cuentan con legislaciones de este tipo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que la nueva ley de transparencia comenzará a tramitarse en el Congreso antes del verano y recogerá, por ejemplo, el coste de las cumbres internacionales o lo que ganan los altos cargos.Sáenz de Santamaría ha estrenado este martes la primera ronda de comparecencias de los ministros del Gobierno de Mariano Rajoy, y ha constatado la voluntad política del Ejecutivo de reducir el número de organismos públicos y de homologar las retribuciones de sus directivos.