La Generalitat tendrá que conectarse al sistema informático que traza el origen de las facturas. El interventor deberá certificar una vez al mes que los desembolsos han servido exclusivamente para financiar los servicios públicos. Además, Hacienda prestará amparo a los funcionarios para que los pagos se hagan según las condiciones fijadas por el Gobierno central.

El Ministerio de Hacienda pide a Catalaña un ajuste de 1.300 millones equivalente al 0,6 por ciento del PIB a un mes del cierre del ejercicio y en medio del órdago soberanista. Aunque los Planes de Reequilibrio Financiero que se exigen a las Comunidades incumplidoras valgan para el presente ejercicio y el siguiente, el ajuste obliga a la Generalitat a quitarse la careta y presentar un plan de ajuste si quiere acceder a los fondos del FLA pendientes de reparto.

En una instrucción hecha pública este martes, el fiscal Javier Zaragoza afirma que la Audiencia Nacional es competente para actuar contra las personas no aforadas que traten de promover la indepedencia de Cataluña. La Fiscalía advierte de que podrían cometer delitos de sedición, prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos o usurpación de atribuciones.

El candidato de Junts pel Sí a presidir la Generalitat está dispuesto a seguir adelante en su órdago independentista "sea cual se la reacción del Estado". En su respuesta a los grupos políticos en el debate de investidura en el Parlament, Mas ha llegado a asegurar que "para forzar la negociación con el Estado hay que mantener la tensión", en referencia a la presión social y política de los independentistas.

Cataluña ha iniciado el proceso unilateral hacia la independencia del resto de España gracias a los 62 diputados de Junts pel Sí y los 10 antisistema de la CUP. La mayoría de estas dos formaciones ha aprobado este mediodía una propuesta de resolución inédita e histórica que insta al futuro Gobierno catalán, todavía sin constituir y sin presidente, a iniciar “el proceso de independencia y de desobediencia a las leyes españolas y al Tribunal Constitucional”.

El Gobierno está retrasando el desembolso de los fondos del FLA un jueves tras otro. Lo hace desde el pasado 1 de agosto ante la dimensión que ha cobrado el desafío secesionista en Cataluña. Y este mismo jueves lo volverá a hacer al no llevar el asunto a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el órgano que se reúne los jueves y que debería aprobar el reparto entre las Comunidades de los 9.000 millones restantes en préstamos a tipo cero. 

Montoro ha elevado la decisión al presidente de brindar o no más liquidez a la Generalitat de Cataluña en medio del desafío soberanista. Rajoy tiene sobre la mesa la idea de cerrar el grifo y aplicar la legislación que permitiría a Hacienda pagar directamente a los proveedores saltándose al Govern de Artur Mas. ¿Se acabó eso de financiar a los independentistas para que se lo gasten en lo que les venga en gana?