Uno de cada diez hogares españoles está en situación de pobreza energética. Si no fuera por la presión ejercida por Colau, Carmena y otros líderes políticos sobre las eléctricas y por este otoño-invierrno caliente que asusta hasta a los negacionistas del cambio climático, el problema sería muy grave. Si algún día llega el frío, habrá 1,8 millones de hogares que no podrán poner la calefacción.

La CNMC impone una multa de 25 millones a la compañía que preside Sánchez Galán al constatar que manipuló interesadamente el funcionamiento de sus centrales eléctricas para provocar una subida de la luz en la subasta de diciembre de 2013. El Gobierno tuvo que intervenir entonces para suspender tal subasta al sospechar la especulación de precios.

El Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha mandado una carta oficial a Gas Natural Fenosa informándole de que no se hará cargo de los 5.000 euros que le reclama la eléctrica catalana y que corresponden a la vivienda donde vive Esperanza Aguirre. Afirma que las facturas que siguen llegando a la Puerta del Sol son de un inmueble que no está adscrito a la Comunidad.

La filtración de las tensas convesaciones entre el equipo de Carmena y las agencias de rating (S&P y Fitch) ha puesto en guardia a los directivos de grandes empresas y bancos, que tienen que negociar con el Ayuntamiento de Madrid la aportación de viviendas sociales, los proyectos urbanísticos, los cortes de luz por impagos o los contratos de recogida de basuras. Hay miedo a que sus deliberaciones salgan a la luz.

Hay 4 millones de hogares con pobreza energética y, a más de medio millón de ellos, las compañías les cortaron el servicio en 2014. Pero todo ha cambiado con la irrupción de Colau y Carmena, y sus planes urgentes de choque para evitar más cortes de suministro. Las grandes eléctricas quieren anticiparse a las futuras alcaldesas y lanzarles un guiño: revisarán con lupa los impagos y se mostrarán más flexibles.