Txomin Mirena tiene 52 años y hasta el pasado lunes carecía de antecedentes penales. Ese día fue condenado a un año y medio de prisión por apoyar a ETA a través de una cuenta de Facebook. Se trata de una de las 77 personas detenidas, la mayoría jóvenes de poco más de veinte años, desde abril de 2014 por el Servicio de Información de la Guardia Civil acusados de enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales.

El Consejo de Administración de la empresa pública investigada acuerda facultar a sus representantes legales en el juicio por el despido de una de las trabajadoras para ofrecer a ésta un acuerdo que incluía la readmisión y una pequeña sanción disciplinaria a cambio de que retirasen la denuncia. La trabajadora se ha negado y la vista se ha celebrado a puerta cerrada por orden del juez ante la posibilidad de que salieran durante la misma aspectos relacionados con el sumario que instruye el juez Eloy Velasco y que aún está secreto.

El mismo día que el Ministerio decidió mantener el nivel 4 de alerta también acordó el refuerzo de la presencia policial en determinados lugares que pueden resultar "especialmente" atractivos para los terroristas. Junto a aeropuertos, estaciones, centros comerciales y estadios, sitúa las sedes de sociedad que "claramente pudieran ser identificadas como señeras de Estados" que combaten contra el autodenominado Estado Islámico en Siria e Irak.

Durante al registro a la sede del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, la Guardia Civil no sólo se llevó documentación en papel y los discos duros de varios ordenadores. Los agentes también volcaron de los servidores informáticos los correos electrónicos que se intercambiaron desde las cuentas del portavoz del partido, Alfonso Novo; de Carmen García-Fuster, 'mano derecha' de la exalcaldesa, y de una trabajadora de la formación.

Los movimientos de una de las cuentas del partido revelan que entre 2011 y 2014 una estrecha colaborada de la entonces alcaldesa ya hizo tres sospechosos ingresos en efectivo por 38.050 euros. Los investigadores creen que los 'populares' decidieron cambiar de sistema de 'lavado' para las elecciones municipales de 2015 por el de ingresos individualizados de 1.000 euros que ha terminado destapando el escándalo.

Unas son conocidas entidades financieras. Otras, del mundo de la publicidad. También hay meras 'pantallas' societarias. Existen asentadas en España y en el extranjero. Grandes y pequeñas. E, incluso, un club de fútbol. Las preguntas que los agentes de la UCO hicieron al exvicepresidente del Gobierno revela el complejo entramado de mercantiles y negocios investigado para destapar el verdadero origen de la fortuna del político.