El fallecimiento de Juan Ignacio Campos, el teniente fiscal que ha dirigido la investigación sobre Juan Carlos I, no afectará al resultado final de estas pesquisas. Los fiscales que trabajan en la que se ha convertido en la causa más trascendental y compleja del Ministerio Público seguirán adelante con la hoja de ruta estipulada debido, principalmente, a lo avanzadas que están las diligencias y al trabajo en equipo seguido desde el inicio de este procedimiento no judicializado.
Fuentes de la investigación consultadas por Vozpópuli aseguran que la muerte del teniente fiscal -que venía arrastrando una larga enfermedad- en nada afectará al resultado final de este trabajo. Aunque lo han liderado Campos y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, también ha participado un equipo de fiscales expertos en derecho penal económico. Además, a este grupo se unió también la Unidad Especializada de Cooperación Penal Internacional, debido a las implicaciones en el extranjero de las pesquisas.
La Fiscalía General explicó en su día que se había confiado este asunto a los fiscales de más alta categoría y se destacó entonces la elección de Juan Ignacio Campos por "su dilatada experiencia y extraordinaria cualificación". Tras su fallecimiento, este miércoles volvieron a elogiar su perfil por su conocimiento en derecho penal, su trabajo por la carrera fiscal (fue uno de los fundadores de la Unión Progresista de Fiscales) y, especialmente, por su calidad humana.
Recta final de la causa
Aunque ha dirigido investigaciones de calado, estas pesquisas eran, sin duda, el mayor reto al que se enfrentaba en su carrera. Su fallecimiento le deja al margen de los últimos coletazos de esta investigación por delito fiscal y blanqueo, pero no habrá cambios ni sorpresas de última hora. De hecho, las fuentes consultadas por este medio explican que ha sido un trabajo en equipo en el que todo se ha dejado por escrito y de las que solo quedan adherir una documental de Suiza para dar el carpetazo definitivo.
La Fiscalía General del Estado -y hasta el propio monarca- trabajaban con la teoría de cerrar las diligencias en este mes de diciembre y así no tener que prorrogarlas medio año más. Sin embargo, se ha tenido que ampliar el plazo a la espera de que el fiscal suizo Yves Bertossa remita información de la Fundación Zagatka (una de las sociedades bajo la lupa de los investigadores) de los años 2015 y 2016. Aunque parecía que sería la Fiscalía española la primera que concluiría sus investigaciones sobre el emérito, Bertossa sorprendía este mismo lunes anunciando el fin de sus diligencias por blanqueo.
En esta causa nunca se investigó a Juan Carlos I pero sí a su entorno más cercano (entre ellos su primo Álvaro de Orleans; su examiga íntima Corinna Larsen y su gestor Arturo Fasana). Además, afectaba de manera directa al exjefe del Estado ya que se centró en la donación de 100 millones de dólares (64 millones de euros) que recibió en 2008 de Arabia Saudí y que acabó transferida cuatro años después a la consultora alemana. La Fiscalía suiza marcó el rumbo por el que discurrirá casi con total probabilidad las diligencias de la Fiscalía española.
El origen de los fondos
Esto es así porque, aunque absolvió a los investigados, les reprochó una clara voluntad de ocultar el movimiento de fondos en cuentas abiertas en paraísos fiscales y les acusó además de valerse de un entramado societario especialmente complejo con el que se pretendería no dejar rastro del movimiento del dinero. Pese a ello, Bertossa concluyó que no se había podido probar que esta millonaria donación guardara relación directa con las comisiones percibidas por el AVE en Arabia Saudí y que se ocultaron al fisco español.
Este asunto también ha tenido su derivada en España. Anticorrupción ha sido el órgano encargado de indagar si el consorcio que se adjudicó la construcción de esta obra que llevaba el sello de la Marca España, cometió delito de corrupción internacional. Las diligencias nunca han llegado a judicializarse ya que antes se ha tratado de recabar indicios que impulsen una investigación penal por estos hechos. De nuevo la incapacidad para acreditar el origen de los fondos dificulta esta investigación, que también se aproxima a su fin.
Con todo, las pesquisas que de verdad han preocupado a Juan Carlos I y que precipitaron su salida de España fueron las seguidas en la Fiscalía del Tribunal Supremo. El órgano que dirige Dolores Delgado ha llegado a abrir hasta tres líneas de investigación diferentes que se han ido topando con los mismos escollos: la prescripción de los delitos, la inviolabilidad del monarca hasta el año 2014 y sus regularizaciones fiscales. La defensa del rey informó de pagos voluntarios a Hacienda por importe superior a los 4 millones de euros.
Operación retorno
Pero inspectores y Ministerio Público cuestionaron el movimiento y advirtieron de que el monarca ya sabía que estaba bajo la lupa de la Justicia cuando saldó deudas con Hacienda. El objetivo del emérito, no obstante, era evitar que estas tres líneas de investigación acabaran en una querella remitida al Supremo. La primera de ellas surgió en el marco del caso Villarejo. La aparición de una grabación en la que Corinna confesaba al comisario en 2015 su presunto papel como comisionista abrió la veda a que Anticorrupción indagara estos hechos.
En lo que respecta al rey la investigación la asumió la Fiscalía del Supremo por su condición de aforado. La segunda también se desvió a este órgano y guardaba relación con el presunto uso irregular de unas tarjetas opacas al fisco entre los años 2016 y 2018. Y la tercera, que ya nació en este órgano, ponía el foco en una supuesta fortuna que el emérito habría ocultado en la isla de Jersey. El Sepblac dio el aviso de que podría haberse cometido delito fiscal y blanqueo con el uso de este dinero que él, por su parte, se apresuró a desmentir.
La correlación de hechos ocurridos en las últimas horas han tenido su derivada fuera de la esfera judicial. Juan Carlos I, como avanzó este medio, ya planeaba su vuelta a casa en Navidad, pero la decisión de la Fiscalía suiza ha acelerado, más si cabe, la operación retorno del padre de Felipe VI. Tanto es así que, como informó este medio en exclusiva, Zarzuela ha enviado un emisario a Abu Dabi para negociar la vuelta a España del emérito. Pese a ello, todavía tiene un asunto pendiente en los tribunales británicos a tenor de la demanda interpuesta por Corinna Larsen y de que la busca zafarse apelando a su inmunidad.
