Los funcionarios que mandó el Conde Duque de Olivares se echaron al monte con los isleños y obviaron las órdenes de Madrid de prohibir negocios con británicos en la guerra angloespañola de 1625. Hasta las monjas guardaban en Puerto de la Cruz mercancías ilegales británicas y en Las Palmas el obispo terminó haciendo personalmente de agente antidisturbios para evitar protestas.